La gobernadora demócrata del estado de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el viernes una ley que legaliza el suicidio asistido para personas con enfermedades terminales y un pronóstico de vida inferior a seis meses, una medida que entrará en vigor dentro de medio año y que sitúa al estado como el decimotercero del país, junto a Washington, D. C., en permitir esta práctica bajo supervisión médica.
La norma, denominada por sus promotores como ley de «Ayuda Médica para Morir», concede ese plazo de seis meses antes de su aplicación efectiva con el objetivo de que el Departamento de Salud elabore la reglamentación necesaria y los centros sanitarios adapten sus protocolos. La firma culmina un largo proceso legislativo que llevaba meses bloqueado en el despacho de la gobernadora.
En el comunicado que acompañó la promulgación, Hochul justificó la decisión apelando a las «libertades» individuales y al concepto de autonomía corporal, al equiparar el suicidio asistido con un supuesto derecho personal. La gobernadora defendió que el Estado debe garantizar a los enfermos terminales la posibilidad de poner fin a sus vidas «de forma pacífica y cómoda», en nombre de la dignidad y la compasión.
Hochul también vinculó públicamente la ley a su experiencia personal, al relatar el sufrimiento de su madre, que padeció esclerosis lateral amiotrófica. Según explicó, ese episodio marcó años de conversaciones con defensores del proyecto, expertos sanitarios y familias afectadas. A su juicio, la legislación no busca acortar la vida, sino «acortar la muerte«, una formulación que ha generado un intenso rechazo entre sectores críticos.
El proyecto llegó por primera vez a la mesa de la gobernadora en junio de 2025, aunque permaneció paralizado durante meses. A finales de diciembre, Hochul devolvió el texto a la legislatura con la exigencia de introducir salvaguardas adicionales ante el riesgo de presiones sobre los pacientes más vulnerables.
Ese movimiento no evitó la condena de la jerarquía eclesiástica. El cardenal Timothy Dolan, en una declaración conjunta con los obispos del estado, advirtió de que la ley representa el abandono institucional de los ciudadanos más frágiles. A su juicio, el mensaje que transmite el Gobierno es que el suicidio resulta no solo aceptable en determinados casos, sino incluso respaldado desde el poder político.
Dolan alertó además de una contradicción de fondo: mientras el Ejecutivo invierte recursos en programas de prevención del suicidio y en salud mental, legitima al mismo tiempo esta práctica para ancianos y enfermos. En su opinión, esa doble vara de medir erosiona la credibilidad moral de las instituciones y socava el principio de que toda vida humana merece protección desde la concepción hasta la muerte natural.
La ley permite a los médicos recetar fármacos letales a pacientes que cumplan los requisitos establecidos y contempla una serie de condiciones que el Gobierno presenta como garantías. Entre ellas, figura un periodo de espera obligatorio de cinco días entre la prescripción y la dispensación del medicamento, la grabación de la solicitud oral del paciente y una evaluación psiquiátrica o psicológica previa.
El texto también prohíbe que actúen como testigos personas que puedan beneficiarse económicamente de la muerte del paciente, limita el acceso a residentes del estado de Nueva York y exige que la primera evaluación médica sea presencial. Asimismo, reconoce el derecho de los proveedores de cuidados paliativos de orientación religiosa a no participar en este tipo de prácticas y tipifica las infracciones como mala conducta profesional.
Las críticas también llegaron desde organizaciones provida. La presidenta de National Right to Life, Carol Tobias, denunció que el Estado ha optado por redefinir el suicidio como un tratamiento médico, un giro que, a su juicio, envía un mensaje devastador a personas enfermas, discapacitadas o en situación de vulnerabilidad. Para Tobias, la verdadera compasión pasa por mejorar la atención al final de la vida, no por facilitar una receta letal.
La aprobación en Nueva York se produce poco después de que Illinois se convirtiera en el duodécimo estado en legalizar esta práctica. Los detractores del suicidio asistido advierten de un patrón ya observado en otros países, donde la eutanasia comenzó como una excepción para enfermos terminales y terminó ampliándose a otros colectivos.
Casos como Canadá y los Países Bajos aparecen de forma recurrente en ese debate. En el primero, una de cada veinte muertes se atribuyó en 2023 a la Ayuda Médica para Morir, mientras que en el segundo existen precedentes documentados de jóvenes que accedieron a la eutanasia tras alegar cansancio vital. Los defensores de las personas con discapacidad alertan de que este tipo de leyes incrementa el riesgo de coerción económica y emocional, al reforzar la idea de que algunas vidas valen menos que otras.
