La Corte Suprema permitió ayer lunes que la Administración Trump continúe con amplias redadas contra inmigrantes ilegales en el área de Los Ángeles, pese a que un tribunal inferior había tratado de frenarlas al considerar que se realizaban con «criterios discriminatorios». Con esta decisión, los magistrados dieron vía libre a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que seleccionan a personas en función de elementos como su idioma, su ocupación, el lugar donde se encuentran o su estatus legal.
La resolución se produce después de que la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, nombrada por Joe Biden, dictara el mes pasado una orden de restricción temporal. Esa medida prohibía expresamente redadas basadas en la raza o la etnia, en la presencia en espacios públicos concretos como estaciones de autobuses o en el tipo de empleo desempeñado. Para Frimpong, esas detenciones vulneraban la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos frente a registros y arrestos arbitrarios —pese a que el objetivo es controlar a los irregulares—.
El fallo del máximo tribunal revocó momentáneamente esa orden, a la espera de que el Noveno Circuito de Apelaciones con sede en San Francisco se pronuncie sobre el fondo del caso. Antes de la intervención del Supremo, un panel de tres jueces de ese tribunal había rechazado la solicitud del Gobierno de suspender la decisión de Frimpong.
El juez conservador Brett Kavanaugh redactó una opinión breve en la que defendió la postura mayoritaria. Según escribió, las detenciones migratorias fundamentadas en sospechas razonables de estancia ilegal han sido habituales en distintas administraciones durante décadas. A su juicio, quienes se encuentran en el país de manera irregular no poseen un derecho relevante a evitar ser cuestionados por las autoridades, pues en esencia lo que buscan es «evadir la ley».
En contraste, la magistrada progresista Sonia Sotomayor lanzó una dura réplica en la que acusó a la mayoría de poner en riesgo libertades fundamentales. En su disenso advirtió que aceptar criterios como el idioma o el aspecto físico abre la puerta a arrestos indiscriminados: «No deberíamos vivir en un país donde alguien pueda ser detenido simplemente por parecer extranjero y desempeñar un trabajo precario». Además, criticó que el Supremo utilizara el procedimiento de emergencia sin ofrecer un razonamiento detallado y denunció que este mecanismo se emplea con creciente frecuencia para alterar procesos de apelación ordinarios.
El caso se originó por la denuncia de tres personas sin papeles que fueron arrestadas en una tienda de rosquillas y posteriormente liberadas bajo fianza. A la demanda se unieron después dos ciudadanos estadounidenses y cuatro asociaciones de carácter progresista.
El procurador general John Sauer, en defensa del Gobierno, sostuvo en documentos judiciales que la medida de Frimpong paralizaba una herramienta esencial de control migratorio. Argumentó que, si los jueces invalidan cada actuación en la que coincidan factores cuestionados con otros elementos legales, los agentes perderán la confianza para desempeñar su labor cotidiana.
