Tras acusar al Gobierno federal de romper el pacto con los estados después de que la Corte Suprema autorizara el lunes pasado la retirada del alambre de espino en la frontera de Texas, el gobernador Greg Abbott (R) aseguró que no se echará atrás, puesto que la renuncia del presidente de hacer cumplir la ley y defender la Unión le obliga a tomar medidas, y dio orden de seguir reforzando la frontera.
Abbott, gobernador de Texas desde 2015, asegura que Biden incumple sus deberes constitucionales, lo que da pie a que los estados aseguren su propia existencia: «El presidente Biden ha ordenado a sus agencias ignorar las leyes federales que dictan detener a los inmigrantes ilegales. El fracaso de la Administración Biden en los deberes impuestos por el Artículo IV ha desencadenado la cláusula 3 del Artículo I, que reserva a este estado el derecho a la autodefensa. Por estas razones, he declarado una invasión bajo el Artículo I para invocar la autoridad constitucional de Texas de protegerse y defenderse».
Se trata de una nueva escalada en el conflicto que Washington D.C. mantiene con este estado desde hace casi dos años. Tras más de veintiún meses de enfrentamiento entre el estado sureño y la Administración Biden, la Casa Blanca solicitó a la Corte Suprema autorización para retirar las concertinas fronterizas colocadas por la gobernatura texana, ya que aseguraba que éstas impedían el paso a la Patrulla Fronteriza —cuerpo federal— y que suponían un peligro tanto para los propios agentes como para los inmigrantes que trataban de cruzar la frontera de manera ilegal.
El inicio del conflicto
Ya en abril de 2022, Abbott presentó la idea de declarar de manera formal una «invasión» en la frontera. Meses después, en noviembre, el gobernador republicano se comunicó con Biden para invocar el derecho constitucional de los estados a declarar la guerra en caso de invasión, aunque dicha carta no fue publicada hasta casi un año después, en septiembre de 2023. En la misiva, dirigida al presidente demócrata, Abbott recordaba el compromiso del Gobierno federal para con los estados de «proteger todos y cada uno de ellos contra una invasión», promesa reflejada en el Artículo IV de la Constitución. El gobernador acusaba a Biden de «negarse a hacer cumplir las leyes sobre inmigración aprobadas por el Congreso». Este «fracaso del Gobierno federal» le había llevado a invocar el Artículo 1 de la Constitución para que Texas «protegiera su propio territorio frente a la invasión de los cárteles de la droga mexicanos».
Las palabras del gobernador republicano para con Biden fueron demoledoras: «Su inacción ha conducido a consecuencias catastróficas. Bajo su guardia, Estados Unidos está sufriendo el mayor volumen de inmigración ilegal en la historia de nuestro país». Abbott denunciaba ya entonces los problemas derivados de esta avalancha migratoria: daños a las economías locales; inseguridad para las familias y los hogares; y comunidades destruidas por el tráfico y consumo del fentanilo y la creciente influencia de los traficantes de personas: «Los texanos están pagando el precio de su fracaso».
Drogas y tráfico de personas
El consumo de fentanilo provoca en Estados Unidos unas 100.000 muertes al año. Cada cinco minutos una persona muere por sobredosis. Abbott asegura que lo permeable de la frontera es lo que permite el paso de esta droga letal, cuyo consumo y abuso se ha extendido por el país como una verdadera epidemia.
El perfil de consumidor, además, dista mucho de los clásicos conocidos, y afecta a sectores muy amplios de la población, lo que ha provocado estragos entre los jóvenes, quienes muchas veces desconocen qué consumen. La propia Administración de Biden ha reconocido que las muertes por abuso de fentanilo ilegal se han convertido en la mayor causa de muerte entre los 18 y los 49 años. Entre 2019 y 2021, las muertes por sobredosis de este opioide sintético aumentaron un 94%.
Pero las drogas no son el único problema que la inmigración ilegal descontrolada trae consigo. La influencia de las redes criminales es cada vez superior en los estados fronterizos y afecta a las comunidades donde se asienta. Se estima que anualmente se dan unos tres millones de entradas ilegales en Estados Unidos, y que el tráfico de personas genera en este país más de 6.750 millones de dólares.
En diciembre de 2023, Anthony Blinken, secretario de Estado, se reunió en la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar la crisis migratoria. La situación fronteriza ha provocado tiranteces entre ambos Gobiernos, pero la falta de decisión de la Administración Biden no ha sabido dar salida al mayor problema de Estados Unidos. Mes tras mes, el país ha ido viendo cómo a lo largo de 2023 el récord de entradas ilegales por la frontera sur ha ido superándose a sí mismo.
Vivek Ramaswamy —candidato a las primarias republicanas hasta su renuncia y apoyo a Trump tras los caucus de Iowa— aseguró que la situación de la frontera sur no es «producto de la incompetencia» de la Administración, sino «el resultado pretendido de años de cuidadosa organización por el Partido Demócrata». «Una vez que entiendes eso», expresó Ramaswamy en la red social X, «la situación tiene mucho más sentido y la solución resulta mucho más sencilla», palabras que el magnate Elon Musk respaldó en su plataforma.
Abbott movilizó a la Guardia Nacional de Texas
Ante aquella situación, Abbott advirtió a Biden de que, al amparo del Artículo IV de la constitución, violado por el propio presidente y por su Administración debido a su «abandono sostenido del deber», Texas aumentaría «sus esfuerzos para repeler y rechazar a cualquier inmigrante que desee entrar en el estado por un paso fronterizo que el Congreso ha designado como ilegal; para llevar de vuelta a la frontera a quienes la crucen ilegalmente; y para arrestar a los criminales que violan la ley de Texas».
Con la declaración formal de invasión fronteriza, Abbott movilizó a la Guardia Nacional de Texas —un cuerpo militar de reserva no federal formado por voluntarios milicianos de cada estado cuyo comandante en jefe es cada gobernador—, a la policía local y al departamento de Seguridad Pública, y anunció la construcción de una valla fronteriza y el tendido de alambre de espino y de barreras en los ríos. Además, desde abril de 2022, el estado ha enviado a unos 90.000 inmigrantes ilegales a las llamadas «ciudades santuario«, gobernadas por demócratas: «Ahora el resto de los Estados Unidos puede entender perfectamente qué está pasando».
En diciembre de 2023, Abbott firmó la ley SB4, la legislación contra la inmigración ilegal más dura de toda la nación, aprobada en noviembre por el Congreso de Texas. A partir de marzo, fecha de su entrada en vigor, la norma permitirá exigir papeles en todo el estado de Texas y detener y deportar a México a quien se encuentre en el país de manera ilegal. Junto a esta ley, los republicanos han logrado la aprobación en Texas de una batería de medidas, como el refuerzo al presupuesto destinado a vigilancia fronteriza y el endurecimiento de penas a los traficantes de personas.
Sin embargo, tanto el Gobierno de México como las ONG de Derechos Humanos internacionales criticaron la ley por «criminalizar» y «discriminar» a los inmigrantes, y advirtieron de que la norma «promueve el perfilamiento racial y el acoso», además de asegurar que la nueva legislación estatal resulta «anticonstitucional». Los intentos demócratas de impedir la aprobación de estas leyes, no obstante, demostraron ser insuficientes.
El fallo del Supremo
Tras meses de refuerzo de la frontera por Texas en el marco de la «Operación Estrella Solitaria» —una referencia a la República independiente (1936-1946)—, la Administración Biden —que asegura que el estado de Texas no puede erigir barreras fronterizas— solicitó a la Corte Suprema la autorización para retirar los 48 kilómetros de concertina, que recibió el pasado lunes tras un reñido veredicto 5-4. Hace unos días, oficiales estatales de Texas tomaron un parque público situado a orillas del Río Grande, en Eagle Pass, con la ayuda de la Guardia Nacional para bloquear el paso a la Patrulla Fronteriza federal.
El pasado día 17, el Tribunal de Apelación suspendió la orden federal que exigía a Texas replegar a la orilla las boyas instaladas por el estado en el Río Bravo para frenar a los inmigrantes ilegales que tratan de cruzarlo. La decisión judicial fue recibida como una victoria por el gobernador Abbott ante la Administración Biden, que reivindica la cláusula suprema de la Constitución, según la cual las normas federales se encuentran por encima de las leyes de los estados.
Si bien la Guardia Nacional de Texas, como las del resto de los estados de la Unión, son, precisamente, milicias estatales al mando de los gobernadores, el presidente de los Estados Unidos puede federalizar las unidades en tiempos de guerra o en crisis nacionales de extrema gravedad.
El enfrentamiento entre el Gobierno estatal y el Gobierno federal ha llevado a algunos representantes demócratas de Texas —como el congresista Joaquín Castro (D)— a pedir a Biden la federalización de la Guardia Nacional este miércoles. Asegura que «Si Abbott desafía el fallo de la Corte Suprema, el presidente necesita establecer el control federal exclusivo de la Guardia Nacional de Texas ya».
Se trata, sin embargo, de una falacia explotada de forma partidista por el Partido Demócrata, pues el fallo de la Corte Suprema no ordena a Texas la retirada de la alambrada, sino que autoriza al Gobierno federal a retirarla. El gobernador Abbott, por tanto, no estaría desobedeciendo a la Corte Suprema, sino a la Administración Biden; que, como el gobernador aseguró en 2022, se ha negado a defender el estado, permitiendo la invocación del Artículo IV de la Constitución.
Y, aunque departamento de Seguridad Nacional —cuerpo federal y, por tanto, dependiente de Biden— demandó acceder a la zona de Eagle Pass en conflicto para retirar la alambrada y estableció el viernes como fecha límite, el gobernador Abbott aseguró que no iba a amilanarse y que estaba «preparado» para un conflicto con el Gobierno federal, ya que la autoridad constitucional de Texas para su autodefensa es «la ley suprema (del estado) y reemplaza a cualquier ley federal que disponga lo contrario».
Sin embargo, superado el pasado viernes el plazo establecido como fecha límite para permitir acceder a la Patrulla Fronteriza, oficiales de este cuerpo federal aseguraron a Fox News que no tienen planes de retirar las infraestructuras y barreras colocadas por Texas en la frontera. El pasado día 17 también se estableció un plazo de 24 horas al que el estado hizo caso omiso. El Fiscal General de Texas y aliado de Abbott, Ken Paxton, aseguró entonces que el estado tenía autoridad constitucional para defender su territorio y que «Texas no se rendirá».
Por su parte, el gobernador Abbott parece decidido a no dar su brazo a torcer frente al abuso del Gobierno federal: «En ausencia del presidente Biden, seguiremos aguantando la línea para mantener a los texanos —y a los estadounidenses— a salvo». «Esta es una lucha por el futuro de Estados Unidos».
El apoyo de los 25 estados
El fondo del asunto es, por tanto, cuáles son los límites del Gobierno federal en una nación formada voluntariamente por estados libres. Este aspecto destaca todavía más, si cabe, en el caso de Texas, pues fue la propia República de Texas la que buscó activamente incorporarse a la Unión en la década de los años 30 y 40 del siglo XIX, actuación que condujo a una guerra con México. Carácter especial que ha recordado Ron DeSantis, gobernador de Florida y contendiente en las primarias republicanas para la presidencia hasta su retirada hace unos días tras los caucus de Iowa: «Si realmente la Constitución dejara a los estados incapaces de defenderse a sí mismos contra una invasión, ésta no habría sido ratificada y Texas jamás se habría incorporado a la Unión».
DeSantis respaldó las reclamaciones de Abbott y el pasado jueves señaló en la red social X que «Texas está sosteniendo la ley, mientras Biden la incumple»: «Florida continuará ayudando a Texas con personal y materiales». Pero DeSantis no ha sido el único gobernador en salir en defensa de Abbott: los gobernadores de Alaska, Nevada, Idaho, Wyoming, Utah, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Misuri, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Nuevo Hampshire, Ohio, Indiana, Virginia y Virginia Occidental emitieron una declaración conjunta el jueves en la que otorgaron su respaldado a Texas en el conflicto frente a la administración federal. Los gobernadores expresaron su solidaridad con Abbott por «dar un paso para proteger a los ciudadanos estadounidenses frente a niveles históricos de inmigración ilegal, drogas letales como el fentanilo y la entrada de terroristas a nuestro país».
Son, en total, 26 estados, más de la mitad de los que componen la nación, y todos ellos, gobernados por los republicanos. Destaca la ausencia de Vermont, estado republicano, en la lista. Llaman también la atención los silencios de California, Arizona y Nuevo México —estados fronterizos con México que también sufren los efectos de la avalancha migratoria— si bien su ausencia es esperada, dado que allí gobiernan los demócratas. Sin embargo, también es cierto que la frontera sur de Texas comprende más de la mitad del límite entre Estados Unidos y México. Son más de 2.000 kilómetros, que superan con holgura los 1.167 kilómetros del resto de estados fronterizos, controlados por el Partido Demócrata. El estado de «la estrella solitaria» es el segundo de la nación en población —unos 29 millones—, sólo por detrás de California, y en extensión —696.000 km2; 1,3 veces la superficie de España— después de Alaska.
Pero no sólo los gobernadores han expresado su apoyo a Abbott, sino que la práctica totalidad del Partido Republicano ha respaldado al líder texano en la creciente crisis constitucional y ha pedido a Abbott «aguantar la línea».
El verdadero conflicto
El pasado jueves, el gobernador Abbott volvió a recordar el fondo del asunto: «Dado que la Administración Biden ha verdadera y realmente abdicado su responsabilidad de asegurar la frontera y hacer cumplir las leyes, Texas, sencillamente, está reforzando la frontera». El líder republicano dio además orden de desplegar nuevas concertinas en la frontera, algo que el fallo de la Corte Suprema tampoco impediría.
Si bien los demócratas de Texas piden ahora la federalización de la Guardia Nacional y Biden ya aseguró la semana pasada que estaba «listo para actuar», la realidad es que la escalada de la situación sería un peligro para el Gobierno federal. El apoyo de 25 estados a Texas ha convertido lo que parecía un problema concreto con este estado en un dilema a nivel nacional con visos de convertirse en un debate constitucional y fundacional.
La federalización de la Guardia Nacional de Texas podría desencadenar un paso más en la tensión, y la exigua fuerza de los demócratas en las cámaras es lo suficientemente débil como para impedir grandes victorias en ese frente. De hecho, los congresistas republicanos presionan en la Cámara de Representantes para presentar una moción contra el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y forzar su dimisión.
Mientras que los demócratas y algunos expertos en leyes han asegurado que las razones de Abbott son infundadas y su actuación es inconstitucional porque usurpa y suplanta al Gobierno federal, el gobernador aseguró que los autores de la Constitución, como James Madison o Alexander Hamilton, fueron lo suficientemente «visionarios» como para «prever que los estados no deberían quedar a merced de un presidente ilegal que no actúe frente a las amenazas externas» y recordó que, de acuerdo con la cláusula 3 del Artículo I de la Constitución, un estado puede declarar la guerra en caso de ser invadido o de hallarse «en un peligro tan inminente que no admita demora».
Son palabras que, en algunos rincones, han sido recibidas como amenazas veladas de una guerra civil o llamadas abiertas a la insurrección, recordando el conflicto fratricida entre la Unión y los estados confederados del sur —quienes, casualmente, son hoy los que sufren el impacto de la avalancha migratoria—, aunque también hay quien ha preferido trazar paralelismos con el carácter rubiconiano de la Declaración de Independencia: «Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro…».
2024, año electoral
A todo esto se une, además, el carácter electoral del 2024. Y es que, a pesar de que las primarias siguen todavía en curso, nadie parece dudar —salvo, quizás, Nikki Haley— de que Trump volverá a enfrentarse a Biden en noviembre. El expresidente, quien venció claramente en los caucus de Iowa y Nuevo Hampshire, continúa siendo favorito en la mayoría de las encuestas presidenciales y aventaja al presumible candidato demócrata hasta en nueve puntos porcentuales.
La seguridad nacional y el control de la inmigración ilegal son temas principales para Trump, como demostró durante su mandato, y el magnate pidió este jueves a «todos los estados dispuestos» a apoyar a Texas desplegando los efectivos de su Guardia Nacional en la frontera «para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de regreso al otro lado de la frontera». Trump aseguró que «todos los estadounidenses deben apoyar las medidas de sentido común adoptadas por las autoridades de Texas para proteger la seguridad y soberanías de Texas y del pueblo estadounidense». El gobernador de Oklahoma, Kevin Sitt, anunció ayer viernes que el estado estaba preparándose para enviar su propia Guardia Nacional a Texas para ayudar a reforzar la frontera.
El expresidente recordó que, durante su mandato, Estados Unidos tuvo «la frontera más segura de su historia», mientras que Joe Biden «ayuda e instiga una invasión masiva de millones de inmigrantes ilegales», y acusó al jefe del Estado de luchar «para atar las manos al gobernador» «para que la invasión continúe». Trump subrayó que, de volver al Gobierno federal, su Administración trabajará «codo con codo» con los estados fronterizos para «detener la invasión, reforzar la frontera y comenzar la operación de deportación más grande de la historia».
Con los ánimos caldeados por la mayor cita electoral del país, el enfrentamiento entre Texas y la Administración de Biden está suponiendo para muchos un vertido descontrolado de gasolina que podría llegar a amenazar la propia existencia de la nación. Tras la declaración conjunta de los gobernadores republicanos en apoyo al desafío de Texas, la pregunta clave si el Gobierno federal tiene realmente capacidad de responder y hasta qué punto estará Biden dispuesto a resucitar los fantasmas de 1860.
