La multinacional abortista Planned Parenthood se enfrenta a una profunda crisis que, con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, se prevé que empeore en los próximos meses. La nueva administración republicana ha dejado claro que planea retirar los fondos federales que recibe la organización, lo que podría representar un golpe definitivo para su sostenibilidad financiera.
En una investigación reciente, el New York Times, medio alejado del movimiento provida, ha expuesto los serios problemas que atraviesa la empresa. Bajo el título «Botched Care and Tired Staff: Planned Parenthood in Crisis» («Atención fallida y personal agotado: Planned Parenthood en crisis»), el diario detalla el declive de la organización en varios frentes, incluyendo la reducción de clínicas y la pérdida de pacientes.
Desde los años 90, Planned Parenthood ha visto disminuir significativamente su presencia en el país. En su apogeo, contaba con 900 centros de atención y brindaba servicios a cerca de 5 millones de mujeres al año. Hoy, el número de clínicas ha caído a 600 (-33%) y el volumen de pacientes a 2,1 millones (-58%). A esto se suman denuncias sobre fallas en la gestión interna, con trabajadores que se quejan de bajos salarios, falta de personal y capacitación insuficiente.
El informe también señala problemas financieros dentro de la organización. Pese a haber recibido aproximadamente 500 millones de dólares en fondos públicos en 2022, el New York Times cuestiona el destino de estos recursos, sugiriendo que sólo una pequeña fracción se destina a la atención sanitaria.
El declive de Planned Parenthood se ha visto acelerado por la revocación del fallo Roe vs. Wade en 2022, que permitió a los estados imponer restricciones más estrictas al aborto. Por ejemplo, en Florida, el fondo de aborto Florida Access Network experimentó una caída en donaciones, pasando de 200.000 dólares en 2022 a sólo 40.000 en 2024, tras la decisión de la Corte Suprema del estado de reducir el límite para abortar de 15 a seis semanas.
Desde la Casa Blanca, el vicepresidente J.D. Vance ha reiterado que la administración de Trump actuará «de manera coherente» con sus promesas de campaña y eliminará la financiación federal a la organización. Por su parte, Lila Rose, fundadora de Live Action, ha exigido que Planned Parenthood «no reciba ni un solo centavo de los contribuyentes», calificándola de una «cadena de abortos corrupta».
Incluso el propio sitio web de Planned Parenthood reconoce que, en 2017, Trump fue el primer presidente en pedir el recorte de sus fondos. Con cerca de un millón de abortos anuales en Estados Unidos, la situación de la organización podría volverse insostenible en los próximos años si las restricciones siguen aumentando y la financiación desaparece.
