Estados Unidos decidió atacar Irán tras concluir que el régimen estaba peligrosamente cerca del umbral nuclear. Según publica el ABC, Teherán no sólo había acumulado uranio enriquecido al 60%, sino que podía alcanzar el 90% —nivel considerado de grado militar— en cuestión de semanas si tomaba la decisión política de hacerlo.
La Casa Blanca había lanzado un ultimátum claro: Irán debía renunciar al enriquecimiento interno y aceptar suministro exterior de combustible nuclear exclusivamente para fines civiles. De lo contrario, la ofensiva sería inevitable. En Teherán, el régimen interpretó inicialmente las advertencias como una maniobra de presión. El cálculo resultó erróneo.
El programa nuclear iraní es un foco de tensión con Washington desde comienzos de siglo. En 2002 se reveló la existencia de instalaciones secretas, y desde entonces el debate no ha sido únicamente si Irán posee una bomba, sino cuánto tardaría en construirla si decidiera hacerlo. El punto crítico no es la bomba declarada, sino la capacidad industrial y científica acumulada para llegar a ella rápidamente.
El International Atomic Energy Agency sostuvo que hasta 2003 existió un «programa estructurado» con posibles dimensiones militares. Aunque posteriormente se consideró que ese programa formal se detuvo, la infraestructura y el conocimiento permanecieron. Ese matiz alimentó dos décadas de sanciones, negociaciones y amenazas cruzadas.
El acuerdo nuclear de 2015 impulsado durante la presidencia de Barack Obama intentó limitar el enriquecimiento a cambio de alivio de sanciones y un régimen intensivo de inspecciones. Sin embargo, el pacto fue criticado por dejar intacta la base industrial iraní y por incluir cláusulas temporales. Trump retiró a EEUU del acuerdo en 2018 alegando que convertía a Irán en una potencia nuclear latente a largo plazo.
A partir de entonces, Teherán fue elevando progresivamente el nivel de enriquecimiento. El salto al 60% marcó un punto de inflexión. Técnicamente, una vez alcanzado ese nivel, el tramo hasta el 90% es mucho más rápido que las fases previas. El director del OIEA, Rafael Grossi, había advertido que el paso del 60% al 90% podría ser cuestión de semanas, no de años.
Antes del ataque estadounidense, los inspectores manejaban cifras de un stock significativo de uranio al 60%. Se estimaba que unos 42 kilos de ese material, si se enriquecían más, podrían proporcionar suficiente material fisible para una bomba. Los servicios de inteligencia estadounidenses hablaban de plazos extremadamente cortos para producir uranio de grado militar si existía decisión política.
Ese escenario llevó al primer golpe contra instalaciones clave como Fordow, Natanz e Isfahán en 2025. Aunque se reportaron daños severos, no hubo confirmación de destrucción total. La incertidumbre sobre cuánto material sobrevivió y qué capacidad de reconstrucción conservaba el régimen mantuvo la tensión en niveles máximos.
En febrero de 2026, Washington intentó reabrir la vía diplomática en Ginebra, pero bajo condiciones mucho más duras: desmantelamiento completo de las principales instalaciones y entrega del uranio enriquecido. Teherán buscaba alivio inmediato de sanciones para una economía debilitada, mientras EE.UU. exigía garantías permanentes sin cláusulas de caducidad.
El diálogo fracasó. En la lectura de la Casa Blanca, permitir que Irán cruzara el umbral nuclear habría reducido la ventana de acción a cuestión de horas y multiplicado el coste estratégico de frenarlo. El ataque posterior fue presentado como una operación preventiva destinada a impedir que el régimen consolidara una capacidad nuclear irreversible.
