El Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa, Karen Bass, y los miembros del gobierno municipal para pedir la anulación de las leyes «santuario» que protegen a los inmigrantes y que suponen una «discriminación» para las fuerzas de seguridad y agencias federales.
La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California. Alega que el país «afronta una crisis de inmigración ilegal» y que el presidente Donald Trump fue elegido con el compromiso de combatir este fenómeno. Sin embargo, estos intentos «están siendo obstaculizados por las Ciudades Santuario, como la de Los Ángeles, que se niega a cooperar o compartir información con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando se le requiere», se ha lamentado la Administración federal en su denuncia.
El texto recuerda que en el último mes los agentes de agencias federales de inmigración han detenido a más de 1.600 inmigrantes en redadas que provocaron protestas. La falta de cooperación con las autoridades federales desde el 6 de junio ha provocado una situación de «disturbios, saqueos y vandalismo».
«La situación era tan difícil que el Gobierno Federal desplegó a la Guardia Nacional de California y a los Marines de Estados Unidos para atajar el caos (…). La confrontación directa con las autoridades migratorias federales ha sido el resultado inevitable de la ley de Ciudad Santuario», argumenta.
La fiscal general, Pam Bondi, ha señalado las leyes de protección de los inmigrantes como la de Los Ángeles, como «causa de origen de la violencia, el caos y los ataques contra las fuerzas de seguridad de las que los estadounidenses hemos sido testigos en Los Ángeles».
