La Administración de Donald Trump ha revocado ya más de 175.000 visados a ciudadanos extranjeros desde el inicio de su segundo mandato, a mediados de enero de 2025, dentro de una ofensiva destinada a retirar los permisos de entrada y permanencia a quienes incumplan sus condiciones o sean considerados una amenaza para Estados Unidos.
El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, ha explicado este lunes que las medidas afectan a extranjeros que «infringieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional».
Washington ha dejado claro además cuál es el principio que guía esta política: «Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho».
Agresiones, drogas, robos y conducción bajo los efectos del alcohol
Una parte importante de las revocaciones está relacionada con incidentes con las Fuerzas de Seguridad y la comisión de distintos delitos. El Departamento de Estado menciona expresamente casos de agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos vinculados a las drogas.
También figuran entre los motivos utilizados por las autoridades estadounidenses la conducción temeraria, agresiones sexuales, maltrato infantil, fraude y malversación, además de otras conductas consideradas incompatibles con las condiciones exigidas para conservar un visado.
No todas las más de 175.000 revocaciones responden al mismo motivo ni implican necesariamente una condena penal: la cifra agrupa diferentes causas administrativas, de seguridad y relacionadas con infracciones de las condiciones migratorias.
Rubio refuerza la vigilancia sobre los extranjeros con visado
La Administración Trump sostiene que la concesión de un visado no termina con su expedición. El Departamento de Estado mantiene investigaciones continuas sobre los titulares de permisos estadounidenses para determinar si posteriormente aparecen circunstancias que justifiquen retirarles la autorización.
Según Washington, estos controles buscan garantizar que quienes han recibido permiso para entrar en el país no supongan posteriormente un riesgo para los ciudadanos estadounidenses. La cartera dirigida por Rubio ha asegurado que continuará «identificando, investigando y revocando» los visados de extranjeros que sean considerados una amenaza para la seguridad del país.
Más de 175.000 permisos retirados en año y medio
La cifra ofrece una dimensión de la política adoptada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. En poco más de año y medio, más de 175.000 extranjeros han perdido el visado que les permitía viajar o permanecer en Estados Unidos, ya fuera por incumplimientos migratorios, conductas delictivas, fraude o motivos relacionados con la seguridad nacional.
La medida se enmarca en la estrategia más amplia del nuevo Ejecutivo republicano para endurecer el control sobre la inmigración y aumentar la capacidad del Estado para retirar permisos concedidos previamente. Trump convirtió durante su campaña la inmigración irregular, la delincuencia asociada a extranjeros y el control fronterizo en algunas de sus principales prioridades políticas.
La nueva cifra difundida por el Departamento de Estado muestra que esa política no se limita a quienes cruzan ilegalmente la frontera, sino que alcanza también a personas que entraron inicialmente mediante canales legales pero que posteriormente incumplieron las condiciones exigidas por Washington.
«Un privilegio, no un derecho»
La frase elegida por el Departamento de Estado resume el cambio de enfoque de la Administración. «Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho», ha recordado el Gobierno.
La advertencia implica que los extranjeros que reciben autorización para acceder al país pueden perderla si las autoridades determinan posteriormente que han cometido delitos, participado en fraudes, vulnerado las normas migratorias o creado riesgos para la seguridad nacional. Washington asegura que continuará aplicando esta política mientras dure el mandato de Trump.
Con más de 175.000 visados revocados desde enero de 2025, la Administración republicana convierte así el control posterior de los extranjeros admitidos legalmente en otra de las piezas centrales de su ofensiva migratoria y de seguridad.
