La Administración Trump asesta un golpe definitivo contra la ideología woke en el ámbito educativo. Tras la Universidad de Columbia, han enviado una carta a Harvard con los pasos a seguir para conservar la financiación federal, condicionada a una serie de reformas estructurales que buscan erradicar el activismo identitario, restaurar la meritocracia y garantizar un entorno académico libre de antisemitismo y discriminación.

La misiva, firmada el 3 de abril de 2025 y dirigida al presidente de Harvard, Alan M. Garber, y a la presidenta del Consejo de la Universidad, Penny Pritzker, establece de manera explícita que la continuidad de los fondos públicos dependerá del cumplimiento de una batería de medidas. El Gobierno estadounidense señala que Harvard ha fallado gravemente en proteger a sus estudiantes y profesores de episodios de acoso y violencia antisemita, además de posibles infracciones a los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Entre los requerimientos exigidos por la Administración se encuentran:

• Revisión de programas ideologizados: Harvard deberá auditar y reformar aquellos departamentos o iniciativas que, según el Gobierno, promueven el antisemitismo y la intolerancia ideológica, asegurando mayor diversidad de pensamiento.
• Reformas disciplinarias: Se exige una aplicación coherente y estricta del régimen disciplinario, bajo la responsabilidad directa de altos cargos administrativos. Esto incluye una prohibición general del uso de máscaras (con excepciones médicas o religiosas) y la revisión de sanciones impuestas desde el 7 de octubre de 2023.
• Responsabilidad de los grupos estudiantiles: Las agrupaciones de alumnos, estén o no reconocidas oficialmente, deberán responder por cualquier violación de las normas universitarias.
• Reestructuración de gobernanza: El Ejecutivo plantea una reconfiguración organizativa que establezca líneas de autoridad claras y garantice que el liderazgo esté comprometido con los cambios.
• Admisiones y contrataciones basadas en el mérito: La carta exige el fin de las políticas de admisión y contratación basadas en criterios de raza, sexo, religión o nacionalidad, tanto en programas de grado como en cuerpos docentes y administrativos.
• Eliminación de programas DEI: Los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), que según el Gobierno fomentan prejuicios y división, deberán ser desmantelados.
• Colaboración con autoridades: Harvard deberá cooperar plenamente con las fuerzas del orden para asegurar la seguridad de los estudiantes.
• Cumplimiento normativo y transparencia: La universidad tendrá que reforzar su colaboración con el Departamento de Educación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otros organismos, cumpliendo rigurosamente con los requerimientos legales como la Sección 117 de la Ley de Educación Superior.

“La financiación federal no es un derecho adquirido, sino una inversión basada en resultados”, advierte el documento, que subraya la necesidad de que Harvard demuestre con hechos —y no solo palabras— su compromiso con un entorno académico seguro, libre y riguroso.