El espectacular éxito del sistema político de Estados Unidos y su extraordinaria longevidad se asientan sobre dos pilares: una Constitución bien diseñada y absolutamente venerada y una estricta separación de poderes. De ahí que cuando, a principios de los setenta del siglo pasado, el órgano que interpreta la Constitución, la Corte Suprema, decidió que la Carta Magna reconocía un derecho a abortar, el Gobierno federal y los estados tuvieron que decir “amén” y renunciar a cualquier limitación de este ‘derecho’.
Y si el Tribunal podía decidir eso hace medio siglo, está igualmente facultado para hacer ahora lo contrario y afirmar que no, que la Constitución no dice nada al respecto del aborto, que es un asunto que deberán legislar los estados a su leal saber y entender. Pero Estados Unidos parece vivir un fervor prerrevolucionario que está afectando a las instituciones más sagradas, y ahora le pretende enmendar la plana al alto tribunal cualquier mindundi, hasta la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuyo mérito principal para llegar al cargo es desplegar la trifecta interseccional: ser mujer, negra y LGTBI, como se encargó ella misma de anunciar en su presentación.
Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado miércoles, Jean-Pierre acusó a la Corte Suprema de Estados Unidos de violar la Constitución al dictaminar que Roe vs. Wade era inconstitucional. Lo hizo después de que el Departamento de Justicia de Biden haya demandado al estado de Idaho por su prohibición del aborto, que entrará en vigencia a finales de este mes.
Es peliagudo, teniendo en cuenta de que una de las misiones específicas de la Corte Suprema, la más importante, es precisamente dictaminar en última instancia qué es y qué no es constitucional. Si una mayoría de los nueve jueces del tribunal dicen que algo es constitucional, es constitucional, no hay más que hablar ni instancia superior a la que acudir. Hasta que llegó nuestra interseccional favorita.
Jean-Pierre, hablando en nombre de la Casa Blanca, no está de acuerdo y agrega que al hacer su trabajo y luego defraudar a los demócratas, furiosos proaborto, con un resultado desfavorable, el tribunal había incurrido en una «acción inconstitucional». «El Tribunal Supremo tomó esta decisión extrema de quitar un derecho constitucional. Fue una acción inconstitucional de su parte», afirmó Jean-Pierre. «Un derecho que ha existido durante casi cincuenta años. Un derecho que tenían las mujeres de tomar una decisión sobre su cuerpo y cómo quieren formar sus familias».
Jean-Pierre no elaboró, no justificó en qué sentido había el tribunal violado la Constitución al anular una decisión del propio tribunal, dictando sentencia sobre idéntica autoridad.
