Los presidentes de Estados Unidos gozan de un amplio margen de actuación a la hora de emprender operaciones militares en el extranjero si entienden que responden al interés nacional, en virtud de una Constitución que estipula que el visto bueno del Congreso sólo es necesario a la hora «declarar la guerra».
El artículo II de la Constitución norteamericana designa al presidente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una premisa a la que se han agarrado los mandatarios para lanzar operaciones más o menos prolongadas como las que ha autorizado Donald Trump para bombardear instalaciones nucleares de Irán este domingo.
La declaración de guerra reservada al Congreso representa, de hecho, una excepción dentro del comportamiento militar de Washington, ya que la última vez que Estados Unidos introdujo esta declaración formal fue en 1942, con motivo de la Segunda Guerra Mundial.
En 2001, después de los atentados del 11 de septiembre, el Congreso respaldó una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés), con vistas a que el entonces presidente, George W. Bush, tuviese manga ancha para emprender su «guerra contra el terror».
Al año siguiente, se utilizó la misma fórmula para que Bush pudiese atacar Irak, lo que terminó sirviendo de base para la invasión lanzada en 2003 y a la que se sumaron otros países.
Las especulaciones del propio Trump ante un inminente ataque sobre Irán ya habían llevado a legisladores del Partido Demócrata a reclamar cambios legales que pudiesen poner coto a una potencial aventura bélica del comandante en jefe.
El senador Tim Kaine, compañero de fórmula de Hillary Clinton en las elecciones de 2016, presentó esta misma semana una iniciativa para intentar que, en caso de ataque a Irán, Trump tuviese que pedir el visto bueno de las dos cámaras del Congreso.
Dentro del Partido Republicano, que tradicionalmente tiene una posición más beligerante en temas de política exterior, son menos las voces que cuestionan las amenazas de Trump sobre Teherán.
