La Fiscalía federal de Estados Unidos ha alertado de la expansión del grupo criminal Tren de Aragua en España en el marco de una acusación presentada este jueves en el Distrito Sur de Nueva York contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», al que identifica como líder histórico y máximo responsable de esta organización criminal transnacional.
El escrito judicial subraya el carácter global del Tren de Aragua y documenta su presencia no sólo en Iberoamérica y Estados Unidos, sino también en Europa, con una mención expresa a España como uno de los países donde el grupo ha desarrollado actividades vinculadas a su expansión, logística o asentamiento.
La referencia a España no tiene carácter político, sino penal. La acusación sostiene que el territorio español formó parte del perímetro operativo de la organización, lo que abre la puerta a cooperación judicial, intercambio de inteligencia y eventuales procedimientos paralelos en jurisdicciones europeas, en coordinación con las autoridades estadounidenses.
La causa, instruida por una de las fiscalías más poderosas de EE.UU., especializada en crimen organizado internacional, narcotráfico y terrorismo, sitúa a Guerrero Flores en la cúspide de una estructura jerárquica que operó desde Venezuela hacia otros países. Según la Fiscalía, el Tren de Aragua actuó durante años como una organización criminal transnacional implicada en narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, secuestros, extorsión, trata de personas y lavado de dinero.
El documento describe una red con presencia en Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y España, además de Estados Unidos, y destaca el uso sistemático de la violencia, el control territorial y la cooperación con redes de tráfico de cocaína protegidas por funcionarios del régimen venezolano.
En ese contexto, la acusación establece una conexión operativa y estructural entre el Tren de Aragua y el llamado Cártel de los Soles, la organización criminal integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos imputada en EE.UU. Washington sostiene que el Tren de Aragua actuó como un brazo criminal complementario de esa red, facilitando rutas de narcotráfico, protección armada, logística y control territorial para el envío de cocaína desde Venezuela hacia otros mercados.
Según la Fiscalía, Guerrero Flores supervisó personalmente envíos de droga a gran escala, la circulación de armamento de guerra y la expansión internacional del grupo, incluso mientras mantenía control operativo desde prisión. La hoja de cargos afirma que la organización funcionó como una estructura criminal nacional e internacional, con miembros que llevaron a cabo de forma regular actividades de pandilla y actos de terrorismo que trascendieron fronteras nacionales a lo largo del hemisferio occidental.
La imputación se inscribe en una ofensiva federal de gran alcance contra el Tren de Aragua. Las autoridades estadounidenses han desclasificado múltiples acusaciones contra más de 70 personas, entre líderes y miembros del grupo, por delitos que incluyen asesinatos, secuestros, extorsión, robos, lavado de dinero y narcotráfico. Desde el 20 de enero de 2025, la Fiscalía federal ha imputado a más de 260 integrantes de la organización en distintos distritos del país.
Washington atribuye la expansión del Tren de Aragua a un entorno de corrupción institucional, connivencia de fuerzas de seguridad y ausencia deliberada de persecución penal en Venezuela. En ese marco, Guerrero Flores habría operado con libertad durante años, incluso desde prisión, beneficiándose de un sistema que, según EE.UU., permitió la integración del crimen organizado en la estructura de poder del régimen.
El Departamento de Estado de EE.UU. reconoce que se desconoce el paradero actual de Niño Guerrero, considerado prófugo desde que abandonó la prisión de Tocorón. Las autoridades creen que se desplaza entre distintos países con apoyo de la red criminal y lo buscan activamente en coordinación con el FBI y la Policía Nacional de Colombia.
Estados Unidos ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena, dentro de un programa que contempla hasta doce millones de dólares para los tres principales líderes del Tren de Aragua.
