Sierra Leona se ha sumado a la política migratoria del presidente de Estados Unidos Donald Trump para acelerar la expulsión de inmigrantes ilegales que no pueden ser enviados de forma inmediata a sus países de origen. Freetown ha recibido ya el primer grupo de deportados procedentes de Estados Unidos dentro de un acuerdo que permite acoger hasta 300 ciudadanos de África Occidental al año.
El pacto contempla un máximo de 25 deportados al mes y forma parte de la estrategia de Washington para reforzar el cumplimiento de la ley migratoria. La Administración Trump ha defendido desde su regreso a la Casa Blanca que la política de fronteras no puede quedar bloqueada por la negativa de determinados países a readmitir a sus nacionales o por los obstáculos jurídicos que retrasan las expulsiones.
El primer traslado ha incluido a nueve deportados: cinco ciudadanos de Ghana, dos de Guinea, uno de Senegal y uno de Nigeria. El ministro de Asuntos Exteriores Timothy Musa Kabba ha justificado la decisión al señalar que se trata de personas procedentes de África Occidental y que algunos cuentan con documentación vinculada a Sierra Leona obtenida hace años.
«Estamos aceptando a los deportados porque son de África occidental y algunos tienen documentación de Sierra Leona obtenida hace muchos años», ha afirmado el ministro. Según el Gobierno sierraleonés, los deportados podrán permanecer en el país durante un periodo limitado de 90 días y regresar después a sus países de origen.
Estados Unidos aportará 1,5 millones de dólares, unos 1,3 millones de euros, para cubrir los gastos humanitarios y operativos del programa. La ayuda financiará alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria y la gestión inicial del dispositivo.
Sierra Leona se incorpora así a una lista creciente de países africanos que han aceptado acuerdos similares con Washington. Entre ellos figuran Camerún, la República Democrática del Congo, Eswatini, Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur. Algunos de estos Gobiernos han recibido financiación estadounidense a cambio de colaborar en la reubicación temporal de deportados.
La medida refuerza uno de los ejes centrales de la agenda de Trump: recuperar el control efectivo de la frontera y garantizar que las órdenes de deportación se ejecutan. Frente al modelo de parálisis administrativa que ha permitido durante años la permanencia de ilegales con expedientes abiertos, la Casa Blanca ha optado por ampliar los acuerdos con terceros países para desbloquear expulsiones.
