El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia ya planes de ataque selectivo dentro de Venezuela mientras acelera la transformación de la campaña militar en el Caribe, ahora rebautizada como Operación Lanza del Sur. Esta nueva denominación, difundida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, señala que Washington se mueve hacia una estrategia continua, más amplia y con un foco evidente en el entorno de Nicolás Maduro.
La reconversión operativa coincide con un incremento notable del despliegue militar. Al grupo inicial de buques equipados con misiles Tomahawk, un submarino de ataque y unos 4.000 efectivos, se añadieron recientemente casi una docena de navíos adicionales y unos 12.000 militares repartidos por la región. A la vez, la Casa Blanca ordenó reposicionar una decena de cazas F-35 en Puerto Rico, donde unidades de marines llevan semanas realizando maniobras anfibias y ensayos de interdicción marítima.
El impulso político tras la ofensiva tampoco se oculta. Desde septiembre, Trump sopesa usar la bandera de la lucha antidroga para desbaratar las estructuras económicas del cártel de los Soles y del Tren de Aragua, organizaciones que, según la Fiscalía estadounidense, operan bajo el amparo de dirigentes chavistas. La recompensa por Nicolás Maduro se duplicó a 50 millones de dólares y en el Senado ya se debate duplicarla de nuevo. Washington mantiene la acusación de que el mandatario venezolano facilitó el envío de cocaína a suelo estadounidense para beneficio personal y de su círculo más próximo.
En paralelo a estas decisiones, el miércoles tuvo lugar una reunión clave en la Casa Blanca. Un grupo de altos mandos presentó a Trump un paquete de opciones actualizadas para actuar dentro del territorio venezolano. Por primera vez, se plantearon acciones selectivas en tierra firme: pistas clandestinas, campamentos logísticos, depósitos de combustible y centros donde confluyen los intereses del chavismo y de redes criminales. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, el presidente exigió detalles sobre efectos previstos, tiempos de ejecución y capacidad de respuesta del régimen y de sus aliados.
El rediseño estratégico se acompaña de una narrativa pública cada vez más contundente. Hegseth confirmó en la red X que la campaña antidroga adopta oficialmente el nombre de Operación Lanza del Sur y se articula mediante una nueva estructura, la Fuerza Conjunta Lanza del Sur, integrada en el Comando Sur. En su mensaje recalcó que Trump ordenó actuar y que el Departamento de Guerra está obedeciendo: una misión, dijo, orientada a «proteger el vecindario americano» frente a grupos considerados narcoterroristas.
En el mar, la campaña se ha vuelto especialmente agresiva. En los últimos dos meses, al menos 17 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas del Caribe e Iberoamérica terminaron con la destrucción de 21 naves y la muerte de entre 69 y 80 presuntos traficantes. En varios casos, las unidades estadounidenses optaron directamente por neutralizar los barcos sin intentar su abordaje. Sólo dos supervivientes fueron rescatados y repatriados a Ecuador y Colombia, y uno fue liberado al no hallarse pruebas.
Mientras tanto, Caracas calienta el tono. Maduro ha advertido de que cualquier incursión estadounidense activaría una fase de «resistencia armada, organizada y popular» contra la agresión externa. No obstante, entre sectores influyentes de Washington predomina la percepción opuesta: tras años calificando a Venezuela de narcoestado, aseguran que se están alineando las capacidades militares, legales y financieras necesarias para que esa caracterización tenga consecuencias concretas sin recurrir a una invasión convencional.
La tensión se mezcla con un debate interno en EEUU sobre los límites del poder presidencial. El ataque de junio contra el programa nuclear iraní, ejecutado bajo la autoridad constitucional del comandante en jefe, ya generó roces con el Congreso. En Capitolio reconocen que, si la operación se extiende al territorio venezolano, la discusión sobre la Ley de Poderes de Guerra será inevitable.
