El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para dar un nuevo golpe al statu quo financiero con una reforma clave del sistema de jubilación que permitiría a los trabajadores estadounidenses acceder a instrumentos de inversión hasta ahora reservados a las élites económicas.
La secretaría de Trabajo está ultimando una normativa que facilitará que los planes de pensiones privados —como los populares 401(k)— puedan incluir inversiones en mercados privados, como capital riesgo, crédito privado o activos inmobiliarios, sin que las empresas se enfrenten a un aluvión de litigios judiciales.
Durante décadas, este tipo de inversiones han estado fuera del alcance del trabajador medio, mientras grandes fondos, burócratas y operadores financieros han utilizado estos instrumentos para multiplicar su riqueza. Según el entorno de Trump, esta exclusión no ha sido accidental, sino el resultado de una arquitectura regulatoria diseñada para proteger intereses establecidos.
Desde la Casa Blanca señalan directamente a sectores de la izquierda estadounidense y a figuras como la senadora Elizabeth Warren, acusándolas de utilizar el miedo regulatorio y la judicialización como herramientas para impedir que los trabajadores tengan más opciones con su propio dinero.
La nueva normativa busca precisamente blindar a los empleadores frente a demandas oportunistas, eliminando uno de los principales obstáculos que impedían ampliar la oferta de inversión en los planes de jubilación.
Trump ya avanzó este giro el pasado verano mediante una orden ejecutiva en la que defendía que los mismos instrumentos de creación de riqueza usados por los poderosos deben estar disponibles para todos los ciudadanos, especialmente para quienes han trabajado y ahorrado durante décadas.
«Mi Administración eliminará las cargas regulatorias y los riesgos legales que impiden que las cuentas de jubilación de los trabajadores logren rendimientos competitivos y una diversificación real de activos», señaló entonces el presidente.
El planteamiento es claro: más libertad, más diversificación y más control individual, frente a un modelo paternalista en el que el Estado decide qué es «demasiado arriesgado» para el ciudadano común.
Lejos de ser una iniciativa marginal, la propuesta cuenta con un amplio respaldo popular. Una encuesta nacional reciente revela que el 65% de los votantes estadounidenses apoya permitir inversiones en mercados privados dentro de los planes 401(k).
