Entre las muchas lecciones que nos ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está la de desmontar el «imperio Progre». No se hace con comisiones, ni con informes de la abogacía del Estado, ni mediante la prudencia, ni el consenso, sino firmando docenas de decretos el primer día de su mandato en un estadio y luego en el despacho oval. Y delante de la televisión. Para que lo vea el mundo entero, sobre todo sus partidarios.

Algunos de estos decretos, redactados por su equipo semanas antes de este momento, se enfrentarán a impugnaciones en los tribunales por los afectados, desde ONG a universidades, y otras tendrán que debatirse en el Congreso, pero la mayoría ya ha entrado en vigor. 

Hay que tener en cuenta que al ser los Estados Unidos un país federal el presidente sólo puede ordenar los funcionarios que dependen de él o a las Administraciones y empresas que reciben fondos federales.

A continuación, enumeramos las principales medidas.

• Extinguir los programas DEI (Diversidad, Equidad e Integración) en todo el gobierno federal, desde las Fuerzas Armadas a la educación. Se cierran todas las oficinas dedicadas a ellos y el personal o se recoloca o se le despide.
• Mandar a las autoridades federales que se opongan a los programas y actividades DEI ilegales del sector privado y a la ‘discriminación positiva’ en favor de determinados grupos minoritarios.
• Retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Salud (OMS), a la que el país ha aportado en los años de Joe Biden un 18% de su presupuesto.
• Reconocer la existencia de dos sexos biológicos: el masculino y el femenino. Estos sexos, añade el decreto, no se pueden cambiar y están basados ​​en una realidad fundamental e incontrovertible
• Eliminar los privilegios para las personas transgénero en las prisiones federales.
• Poner en marcha el DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, para reducir costes en la Administración, una propuesta de Elon Musk.
• Indultar a más de 1.500 personas represaliadas por el llamado Asalto al Capitolio de 6 de enero de 2021 y ordenar al Ministerio de Justicia que desestime las investigaciones en marcha.
• Levantar durante 75 días la prohibición aplicada por Biden a TikTok, que fue una de las redes sociales fundamentales en su victoria.
• Retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y comunicarlo a la ONU.
• Indultar a 23 activistas provida condenados por manifestarse delante de abortorios.
• Revocar las autorizaciones de seguridad a los 51 firmantes vinculados a agencias como la CIA y el FBI que en octubre de 2020, durante la anterior campaña electoral, declararon que el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden era «desinformación rusa».
• Suspensión de toda la ayuda internacional, incluida la destinada a Ucrania, durante noventa días, plazo en el que se auditará para conocer su uso y supeditarla a los intereses nacionales de EEUU.
• Poner fin a las políticas de trabajo remoto y ordenar a los trabajadores federales regresar a la oficina a tiempo completo.
• Prohibición de concesión de asilo a personas recién llegadas a la frontera sur.
• Suspender el Programa de Admisión de Refugiados «hasta que el ingreso de más refugiados se alinee con los intereses de los Estados Unidos».
• Declarar los cruces de migrantes en la frontera con México como una emergencia nacional, lo que permitiría a Trump desbloquear unilateralmente fondos federales para la construcción del muro fronterizo, sin la aprobación del Congreso.
• Posibilidad de designar a los cárteles como «organizaciones terroristas extranjeras».
• Evaluar el cumplimiento de China con el acuerdo comercial que Trump firmó en 2020, así como con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que firmó en 2020 para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).
• Declarar una emergencia energética nacional, la primera en la historia de Estados Unidos, que podría desbloquear nuevos poderes para suspender ciertas normas ambientales y acelerar la concesión de permisos para proyectos mineros.
• Dictar una congelación regulatoria, que impide a los burócratas emitir más regulaciones hasta que «tengamos el control total» del gobierno.
• Detención de toda contratación de personal por la Administración federal, salvo las Fuerzas Armadas y otras excepciones.
• Comenzar la derogación de las regulaciones de Biden sobre la contaminación de los tubos de escape de los automóviles y camiones ligeros, que han impulsado a los fabricantes de automóviles a fabricar más vehículos eléctricos.
• Revertir las regulaciones de eficiencia energética para lavavajillas, cabezales de ducha y estufas de gas, que han encarecido estos electrodomésticos.
• Permitir más perforaciones de petróleo y gas en Alaska.
• Cambiar el nombre del Monte Denali por el de Monte McKinley, que tuvo hasta 2015, cuando lo cambió Barack Obama, y del Golfo de México por Golfo de América.
• Garantizar que los Estados que aplican la pena de muerte dispongan de un «suministro suficiente» de fármacos para las inyecciones letales.

Muchas de estas medidas estaban incluidas en el Programa 2025, redactado por la Fundación Heritage.  Además, entre las que le reclaman sus partidarios se encuentra la intervención del Gobierno federal para restringir el aborto, del que la Administración del «católico devoto» Biden hizo una bandera. A diferencia del presidente George W. Bush en 2001, Trump no cortó los fondos federales a las organizaciones internacionales que fomentan el aborto.

Litigios en los tribunales y resistencia

Varias de estos decretos presidenciales tendrán que ser confirmados en las próximas semanas o bien darán lugar a nueva legislación. Por ejemplo, uno de ellos, ha paralizado durante 75 días la aplicación de la prohibición de TikTok, para que la Administración disponga de tiempo para elaborar una legislación que proteja la seguridad nacional y salve una plataforma que usan 170 millones de ciudadanos. 

El intento de restauración de la pena de muerte a nivel federal no será definitivo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto. Asimismo, la revocación de la ciudadanía por nacimiento ha sido la primera medida en provocar una reacción legal, donde 18 estados se han unido en una demanda presentada en Masachusets, que alega que su supresión «viola los derechos constitucionales» de miles de niños e impone costes indebidos a las administraciones locales que perderían la financiación federal vinculada a Medicaid y al seguro de salud infantil.

Un bufete de abogados radicado en Washington reclama que las reuniones del DOGE, aunque sean por un medio electrónico como una mensajería cifrada llamada Signal, deben ser públicas.