Un juez federal de inmigración ha ordenado la deportación de Rafael Rubio, un inmigrante venezolano de 53 años que trabajaba como analista de datos en el Ayuntamiento de Nueva York, tras constatar que permanecía en Estados Unidos de forma ilegal.
Rubio había llegado al país en 2017 con un visado de turista, pero nunca regularizó su situación. A pesar de ello, logró ser contratado en 2025 por el consistorio neoyorquino, lo que ha generado una fuerte polémica sobre los controles y el papel de las autoridades locales.
El inmigrante fue detenido en enero de 2026 cuando acudió a lo que creía una revisión rutinaria en una oficina de inmigración. Desde entonces permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la espera de su expulsión definitiva.
El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado el caso como una «victoria del Estado de derecho», subrayando que se trata de un inmigrante ilegal con antecedentes, tras haber sido arrestado anteriormente por un delito de agresión, aunque el caso fue posteriormente archivado.
Sin embargo, la decisión judicial ha desatado un enfrentamiento político en la ciudad. El entorno del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha salido en defensa del trabajador, calificando la deportación de «cruel» e «injustificada», y anunciando recursos para intentar frenar su expulsión.
El propio Mamdani —de origen inmigrante y firme crítico de las políticas federales de control migratorio— ha convertido el caso en un símbolo de su pulso con las autoridades federales, en un contexto de creciente tensión entre Washington y las llamadas «ciudades santuario».
El episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate clave en Estados Unidos: la presencia de inmigrantes en situación irregular dentro de estructuras públicas y el choque entre administraciones locales que promueven políticas de acogida y un gobierno federal que refuerza las deportaciones.
Según datos oficiales, casi tres millones de inmigrantes ilegales abandonaron Estados Unidos en el primer año de la nueva Administración, entre deportaciones y salidas voluntarias, en el marco de una política migratoria más estricta.
