Los ilegales que el pasado 22 de marzo se enfrentaron en un motín a la Guardia Nacional de Texas en El Paso y consiguieron romper la barrera humana que trataba de impedirles la entrada en el país deberán ser puestos en libertad merced a una orden judicial.
El incidente fue el más grave experimentado en la frontera sur, augurio de lo que podría venir en los próximos años: una muchedumbre de inmigrantes se enfrentó a los soldados de la Guardia Nacional de Texas que intentaban organizarlos en grupos para ser transferidos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para su detención. En un momento, un migrante intentó agarrar el arma de fuego de un soldado, según declaró al New York Post una fuente de la Guardia Nacional. Los atacantes, en su mayoría varones venezolanos, que derribaron el alambre de espino a lo largo del Río Grande y se precipitaron hacia la valla fronteriza en el Marcador No. 36 en el área de Riverside del Valle Inferior de El Paso.
Tras los disturbios, las autoridades confiscaron cuchillos y palos a algunos de los inmigrantes. La Guardia Nacional declaró a la prensa que los inmigrantes estaban dispuestos a enfrentarse directa y agresivamente a las fuerzas del orden, en un absoluto desprecio por las leyes del que pretenden sea su país de acogida.
Y ahora el juez Humberto Acosta ha ordenado la liberación de los alborotadores después de acusar a la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso de no estar preparada para proceder a las detenciones individuales. Acosta ha sentenciado que todos los que participaron en los disturbios deben ser inmediatamente liberados, salvo fallo en contrario de las autoridades federales.
El problema, una vez más, parece ser de jurisdicción, parte del enfrentamiento del estado de Texas con Washington en torno a la alarmante invasión de su frontera. Algunos migrantes enfrentan cargos de agresión a un servidor público por derribar a tropas de la Guardia Nacional antes de que se recuperara el orden. Los inmigrantes habían tratado de entregarse a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en busca de protección.
No está claro si la decisión de Acosta se aplicaba sólo al cargo de «participación en disturbios» o a los cargos de agresión y conducta criminal relacionados con el incidente fronterizo.
