El juez federal Jon Tigar del Tribunal del Distrito Norte de California ha bloqueado este martes la política de asilo del actual Gobierno de Estados Unidos, que hasta el momento había logrado reducir los cruces de inmigrantes irregulares en la frontera con México.
El bloqueo de dicha ley estará en suspenso durante 14 días para una apelación que será presentada por el Departamento de Justicia, según ha confirmado un portavoz del departamento a la cadena CNN.
«El Departamento de Justicia no está de acuerdo con la sentencia dictada hoy por el tribunal en el caso de East Bay y tiene la intención de apelar la decisión y solicitar una suspensión en espera de la apelación. Seguimos confiando en nuestra posición de que la norma de elusión de vías legales es un ejercicio legal de la amplia autoridad que otorgan las leyes de inmigración», ha declarado el portavoz.
Tigar ya había fallado previamente contra una política similar de la Administración Trump, y ha manifestado que apenas hay diferencias entre ambas políticas, algo que el Gobierno ha rechazado.
«Nada ha cambiado. Hay una suspensión, lo que significa que nuestro plan de control fronterizo sigue plenamente vigente. El Departamento de Justicia recurrirá la decisión y solicitará la prórroga de la suspensión», ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa.
«Y como hemos dicho muchas veces, nuestro plan de control fronterizo funciona. Es disuasión, diplomacia y aplicación. El cruce ilegal de fronteras ha descendido al nivel más bajo de los dos últimos años», ha añadido la portavoz.
La ley ha limitado el acceso al asilo de los inmigrantes que crucen al país a través de la frontera sur con México sin autorización y ha creado «incentivos» para que se usen los procesos legales.
Estos «incentivos» consisten en que los inmigrantes que no utilicen las vías disponibles para ir a Estados Unidos o que no busquen refugio humanitario en otro país por el que hayan pasado en su camino a Estados Unidos no serán considerados elegibles para el asilo –a no ser que se enmarquen dentro de ciertas excepciones–, tras lo que se les impondrá una prohibición de reingreso de cinco años.
Las excepciones se aplicarán a aquellas personas que obtengan una cita para presentarse en un punto de entrada a través de la aplicación CBP One.
La decisión de Tigar ha llegado tras una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. Además, la aprobación de la ley estuvo rodeada de críticas incluso por parte de miembros del Partido Demócrata.
«La sentencia es una victoria. (…) La promesa de América es servir como un faro de libertad y esperanza, y la administración puede y debe hacer mejor para cumplir esta promesa, en lugar de perpetuar políticas crueles e ineficaces que la traicionan», ha asegurado la subdirectora del Proyecto de Derechos de los Migrantes de la ACLU, Katrina Eiland.
La Administración Biden, por su parte, se ha defendido asegurando que los cruces fronterizos han caído «de forma dramática» desde el fin del Título 42, legislación implementada por el Gobierno del expresidente Donald Trump durante la pandemia que permitía las devoluciones en caliente en las fronteras.
Según datos publicados de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, las autoridades del país detuvieron en junio a unos 100.000 inmigrantes en la frontera sur, lo que supone un descenso respecto a mayo y el menor número mensual desde febrero de 2021.
