La Administración Trump puede seguir adelante con su plan de «desfinanciar» la multinacional abortista Planned Parenthood, después de que un tribunal federal de apelaciones levantara la suspensión que impedía aplicar la medida. La decisión judicial, dictada el jueves por la noche por el Primer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, autoriza que la organización quede temporalmente excluida del programa Medicaid, el seguro público destinado a ciudadanos de bajos ingresos.

La resolución anula una orden previa de un tribunal inferior que había paralizado la medida incluida en la ley de gasto y fiscalidad impulsada por la Casa Blanca. Con este giro legal, Planned Parenthood perdería durante un año la posibilidad de recibir reembolsos de Medicaid, lo que pone en riesgo directo a cientos de sus centros médicos repartidos por el país. La propia organización calcula que hasta 200 clínicas podrían cerrar sus puertas, afectando a 1,1 millones de pacientes que dependen de este sistema sanitario.

Alexis McGill Johnson, directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America, compareció el viernes para denunciar que la decisión tendrá un efecto devastador y que la presión sobre otros centros sanitarios se intensificará, obligando a los usuarios a desplazarse más y a soportar listas de espera más largas.

Aunque la ley federal prohíbe expresamente financiar abortos con fondos públicos, los detractores de la organización llevan años reclamando que se la expulse de Medicaid. Los sectores provida acusan a Planned Parenthood de actuar como un «enemigo público» y han presionado al Partido Republicano para cortar de raíz cualquier fuente de ingresos procedente del Estado.

Durante la controversia, se llegó a plantear la posibilidad de que algunas filiales de Planned Parenthood abandonasen la prestación de abortos en determinados estados para preservar los fondos públicos, pero finalmente la federación descartó esa estrategia. «No pretendemos renunciar al aborto. Lo que buscamos es garantizar el acceso a la atención médica y preservar los reembolsos por otros servicios que cualquier proveedor de salud debería recibir», aclaró McGill Johnson.