Una estudiante turco-kurda fue presuntamente víctima de varias agresiones sexuales en un colegio del barrio berlinés de Neukölln, un caso que ha generado una fuerte polémica por la actuación del personal del recinto y de las autoridades locales.
Los hechos, que habrían ocurrido entre noviembre y enero, salieron a la luz después de que la menor relatara lo sucedido fuera del centro, ante la falta de actuación interna. Según las informaciones conocidas, la joven habría sido agredida inicialmente en el jardín del recinto durante la noche de noviembre. Tras ese episodio, permaneció durante horas en el lugar sin poder salir, ya que el recinto estaba cerrado, y terminó huyendo saltando una valla, lo que le provocó una fractura en el tobillo.
Meses después, en enero, se produjo un nuevo episodio en el interior del centro, donde, siempre según estas versiones, varios árabes la habrían sometido a tocamientos en grupo en una sala trasera, mientras otro vigilaba. La intervención de un empleado puso fin a la situación en ese momento.
El caso adquirió mayor gravedad al conocerse que una de las agresiones habría sido grabada en vídeo y utilizada posteriormente para coaccionar a la menor. Según se ha publicado, el presunto autor habría amenazado con difundir las imágenes si la víctima no accedía a sus exigencias, lo que derivó también en burlas y presiones por parte de otros jóvenes.
Durante meses, además, ya se habrían detectado comportamientos inapropiados dentro del centro, como tocamientos no consentidos o actitudes intimidatorias hacia otras chicas, presuntamente en presencia del personal.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso ha sido la respuesta del centro juvenil. Según diversas informaciones, no se presentó denuncia ante la policía pese a la gravedad de los hechos. En su lugar, se habrían adoptado medidas internas como establecer palabras clave de alerta o modificar espacios del recinto. Esta actuación ha sido duramente criticada.
El secretario estatal de Juventud de Berlín, Falko Liecke, calificó la situación de «inadmisible» y anunció la revisión de posibles incumplimientos en materia de protección de menores. También se investiga si hubo fallos en la obligación de comunicar los hechos a las autoridades.
Finalmente, la familia de la menor acudió por su cuenta a la policía tras conocer lo ocurrido. La joven prestó declaración en vídeo para evitar repetir su testimonio y los agentes iniciaron actuaciones, incluyendo la incautación de dispositivos electrónicos relacionados con el caso.
Desde la administración del distrito de Neukölln se ha reconocido la gravedad de lo sucedido, aunque se ha señalado que la información no llegó a los responsables políticos hasta semanas después. El alcalde del distrito, Martin Hikel, ha apuntado a la necesidad de revisar los protocolos internos y mejorar los mecanismos de prevención y respuesta en centros juveniles.
El caso ha reabierto el debate en Alemania sobre la gestión de este tipo de situaciones en entornos juveniles y la obligación de las instituciones de actuar con rapidez y transparencia ante posibles delitos, especialmente cuando afectan a menores.
