La Comisión Europea emitió la pasada semana una alerta alimentaria tras detectar elevados niveles de un plaguicida no autorizado, el metomilo, en unas sandías procedentes de Marruecos. La notificación se produjo el día 14 mediante el sistema Rasff, por el cual España comunicó la alerta a la CE y esta remitió la información al resto de los Estados miembros.
El sistema de detección de la UE caracterizó como «grave» el nivel de riesgo, pero no precisó el nivel de plaguicida detectado en esta fruta, una de las más consumidas durante el verano en España. El hallazgo preocupa porque puede ser indicativo de «posibles fallos» en el sistema de control de toxicidad de los alimentos en Marruecos.
En la misma línea, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha reclamado a la CE que lleve a cabo un mayor control en la entrada y el etiquetado de los productos foráneos que se envían a Europa tras la reciente detección de una partida de pomelos ecológicos procedentes de Sudáfrica contaminados de una materia activa que se encuentra prohibida desde 2018 en la UE.
La interceptación fue notificada el pasado día 25 por las autoridades de los Países Bajos y la muestra del producto que fue analizada en laboratorio constató una proporción de glufosinato de 0,51 miligramos/kilo cuando su límite permitido está fijado en 0,05 mg/kg. El glufosinato constituye una sustancia activa empleada como herbicida que la UE prohibió a los agricultores europeos.
AVA-ASAJA ha lamentado que un producto que debe recorrer más de 13.000 kilómetros sea calificado como «ecológico», ya que en su tránsito en barco ya ha emitido una gran cantidad de gases contaminantes a la atmósfera, y ha censurado que un producto que se importa como «ecológico» contenga un nivel tan elevado de residuos de un herbicida tóxico prohibido en Europa.
Así, ha sostenido que «la constante permisividad y la hipocresía» de Europa ante los productos que vienen de fuera, así como la falta de reciprocidad en las exigencias fitosanitarias, arruinan a los agricultores, que «se ven obligados a abandonar sus explotaciones», ha denunciado el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, antes de agregar que lo más grave es que «entrañan un riesgo para la salud de la población y son un fraude para los consumidores europeos al portar residuos nocivos».
