El Gobierno ha propuesto a los Veintisiete comenzar por la inclusión del catalán como lengua oficial de la UE para luego pasar a añadir el euskera y el gallego, además de asumir el coste que la oficialidad de estas tres lenguas pueda tener, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares.
En declaraciones al término del Consejo de Asuntos Generales en el que se ha abordado la petición del Gobierno de dar estatus de lenguas oficiales a catalán, euskera y gallego, el ministro ha explicado que ha planteado a sus socios «periodos transitorios» e «iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas».
Albares ha defendido la utilización de las lenguas cooficiales en el ámbito europeo, amparado en la nueva disposición del Reglamento del Congreso de los Diputados. Albares ha recurrido así al «derecho» a expresarse en catalán, euskera y gallego —que desde este martes se aplica en el Congreso de los Diputados— para alentar que el resto de países de la Unión Europea las reconozcan como lenguas oficiales del bloque comunitario.
A su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete, Albares ha declarado: «Explicaré a mis colegas la especificidad del régimen constitucional lingüístico español que lo hace prácticamente único en la Unión Europea y explicaré que estos idiomas se usan dentro del Parlamento español».
Será precisamente en este encuentro cuando los veintisiete Estados miembros puedan examinar por primera vez la petición española. Una mayoría de gobiernos, sin embargo, ya ha manifestado que no se tomará una decisión sin examinar antes las consecuencias financieras y políticas de la medida.
Precisamente para convencer a sus socios europeos, el Gobierno de España se ha ofrecido a asumir el coste de lo que supondría la traducción e interpretación del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales comunes —a pesar de que el reglamento que rige las lenguas obliga a que el coste se sufrague con el presupuesto comunitario—.
