Las autoridades de Alta Austria han ordenado a una familia solicitante de asilo devolver 66.457 euros en prestaciones sociales después de descubrir que disponía de un importante patrimonio en Turquía, que incluía un gran viñedo, un apartamento en Estambul y una cartera de criptomonedas con 1,5 bitcoins. El caso salió a la luz tras una inspección realizada el pasado verano en un centro de acogida situado en Braunau, en el estado de Alta Austria.
Durante esa revisión, los investigadores detectaron que el padre de familia, de 37 años, era propietario de una propiedad inmobiliaria de alto valor en Turquía. Según informó el diario Kronen Zeitung, las pesquisas permitieron además localizar una billetera de criptomonedas que contenía 1,5 bitcoins, cuyo valor en ese momento rondaba los 150.000 euros.
Tras comprobar estos activos, las autoridades regionales decidieron cancelar de inmediato el acceso de la familia a los servicios básicos de asistencia social. También se revocó el alojamiento que recibían en el sistema de acogida. El 20 de julio, el estado de Alta Austria emitió una reclamación formal para exigir la devolución de 66.457 euros, cantidad correspondiente a las ayudas percibidas por alimentación, seguro médico, alojamiento y otras prestaciones sociales.
La familia ha recurrido la decisión administrativa y el procedimiento se encuentra ahora pendiente de resolución judicial.
El consejero de Estado de Integración de Alta Austria, Christian Dörfel, ha defendido la actuación de las autoridades y ha subrayado que se emplean todos los instrumentos legales disponibles para perseguir este tipo de irregularidades. «Utilizamos todos los medios legales para exigir responsabilidades a los responsables en casos de fraude a la asistencia social. De esta manera, pudimos recuperar aproximadamente 900.000 euros en fondos de asistencia social malversados el año pasado. El caso sigue pendiente en los tribunales y lo estamos investigando rigurosamente«, ha señalado.
Este episodio se produce en un contexto de creciente preocupación en Austria por el fraude relacionado con las prestaciones sociales. Según datos del Grupo de Trabajo sobre Fraude en las Prestaciones Sociales (SOLBE), las autoridades registraron 4.865 casos durante 2024.
Desde la creación de esta unidad en 2018, las investigaciones han permitido detectar reclamaciones fraudulentas por valor de 135,6 millones de euros. Las autoridades estiman además que alrededor del 70% de los sospechosos en este tipo de casos son extranjeros. «Más del 70% de los sospechosos no son ciudadanos austriacos«, afirma Gerald Tatzgern, responsable del departamento encargado de combatir el fraude a la asistencia social.
Entre las prácticas detectadas con mayor frecuencia figura la de parejas que se registran oficialmente en domicilios distintos para aumentar la cuantía de las ayudas mientras continúan viviendo juntas.
Las autoridades también han señalado otros casos llamativos. Uno de ellos afectó a un ciudadano bosnio que percibía 1.250 euros mensuales en prestaciones sociales en Austria mientras obtenía ingresos alquilando varias propiedades en su país de origen. Según las investigaciones, el fraude supuso un coste cercano a los 100.000 euros para los contribuyentes austriacos.
Otro procedimiento judicial se abrió en noviembre de 2024 contra un hombre sirio de 62 años acusado de haber percibido de forma fraudulenta cerca de 200.000 euros en ayudas sociales durante una década. Los fiscales sostienen que entre agosto de 2014 y enero de 2024 recibió hasta 1.400 euros mensuales en concepto de renta mínima y seguro médico pese a que presuntamente también tenía ciudadanía turca, circunstancia que podría haber afectado a su derecho a percibir esas prestaciones.
Las cifras muestran que Viena concentra el mayor número de investigaciones por fraude en ayudas sociales, con 2.626 casos detectados. Le siguen Baja Austria, con 508. En total, desde 2018 el grupo de trabajo ha investigado 25.156 sospechas de fraude relacionadas con el sistema de prestaciones sociales.
