Bélgica se encamina a convertirse en el próximo país europeo en restringir el acceso de los menores a las redes sociales, después de que un informe oficial alertara del impacto «grave y creciente» que estas plataformas están teniendo en la salud física y mental de los jóvenes. El documento, elaborado por el Superior Health Council (SHC), concluye que los menores necesitan «protección real» frente a un entorno digital que consideran hostil.
Tras su publicación, la ministra federal de Digitalización, Vanessa Matz, afirmó que el informe deja claro que Bélgica debe fijar una edad mínima obligatoria para acceder a redes sociales, un paso que iría más allá de la prohibición del uso del móvil ya vigente en todos los colegios del país.
La ministra de Medios de Flandes, Cieltje Van Achter, calificó de «adecuado» el umbral de 13 años recomendado por el SHC, aunque advirtió que la medida sólo será eficaz si se refuerza drásticamente su cumplimiento. La ministra Matz adelantó que el Parlamento iniciará de inmediato el debate para limitar el anonimato malicioso en internet, reforzar la protección digital de los menores y restringir la capacidad de las plataformas para captar a usuarios cada vez más jóvenes.
Mientras Bélgica avanza en esta dirección, Europa endurece progresivamente el acceso de los menores a las redes sociales. Dinamarca prepara la prohibición para los menores de 15 años, con excepciones sólo mediante autorización parental desde los 13. Francia impulsa un veto total para los menores de 15 y estudia un «toque de queda digital» para adolescentes hasta los 18.
El Parlamento Europeo recomendó en noviembre bloquear el acceso sin consentimiento parental a los menores de 16. Grecia aplica desde 2025 un bloqueo automático para todos los menores de 16, convirtiéndose en el primer país de la UE en imponer una restricción total. Fuera de Europa, Australia ha ido aún más lejos: desde el 10 de diciembre, ningún menor de 16 años puede abrir o mantener cuentas en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube o Snapchat. Las tecnológicas que incumplan la norma se arriesgan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, unos 28 millones de euros.
