La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha acrecentado su persecución contra Hungría al reaccionar en cuestión de días a la nueva normativa que limitará la actividad de ONG y medios financiados por el globalismo. El proyecto de ley, titulado Transparencia en la vida pública, ha sido impulsado por el Ejecutivo de Viktor Orbán como parte de su política de refuerzo de la soberanía nacional y ya ha sido debatido en el Parlamento, donde cuenta con amplio respaldo de la mayoría parlamentaria.
Desde Bruselas, la reacción ha sido inmediata. La Comisión ha manifestado su oposición frontal a la normativa húngara, alegando que «representaría una violación seria del ordenamiento jurídico de la UE» si se aprobara tal como está redactada. Según un portavoz comunitario, se está considerando tomar medidas legales si Hungría sigue adelante con su plan legislativo, y se ha solicitado expresamente que el proyecto sea retirado del procedimiento parlamentario.
La norma plantea una serie de obligaciones para aquellas organizaciones —incluidas ONG, universidades, partidos, medios de comunicación o entidades religiosas— que reciban fondos del extranjero, incluso si proceden de instituciones comunitarias o de otros países miembros. Estas entidades pasarían a ser clasificadas como «riesgos para la soberanía» si no cumplen con las nuevas condiciones de transparencia financiera. El Gobierno húngaro considera que es fundamental que los ciudadanos conozcan la procedencia de los fondos que financian mensajes en el espacio público, en especial cuando afectan al debate político y social.
Viktor Orbán ha defendido públicamente esta legislación en una entrevista radiofónica reciente, afirmando que «el dinero extranjero no tiene cabida en el sistema político interno de un país democrático». «No importa si son medios de comunicación o asociaciones: el público tiene derecho a saber quién paga sus campañas. Esta ley garantiza un principio básico de transparencia y protección de los intereses nacionales», señaló.
El texto legal contempla la posibilidad de imponer sanciones a las entidades que infrinjan las normas, que podrían incluir desde la retirada de subvenciones hasta multas significativas o la suspensión de sus actividades. En caso de ser aprobado —la votación está prevista entre el 10 y el 12 de junio, aunque podría adelantarse—, el mecanismo entraría en vigor de forma inmediata y las medidas podrían aplicarse en un plazo de tres días.
Desde el entorno de las organizaciones no gubernamentales, algunas voces han expresado su rechazo. Entidades como Amnistía Internacional, Transparencia Internacional o el Comité Helsinki en Hungría han calificado la medida de desproporcionada y han instado a Bruselas a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La activista Marta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki, ha llegado a describir la iniciativa como una “operación de asfixia institucional”.
La Comisión Europea, por su parte, afirma seguir de cerca el proceso legislativo y reitera su «compromiso con la libertad de asociación y la existencia de un entorno favorable a la sociedad civil». No obstante, el Ejecutivo de Orbán sostiene que lo que está en juego no es la libertad, sino la soberanía del país frente a injerencias externas que, bajo apariencia filantrópica o académica, pretenden influir en el rumbo político nacional como ya han hecho en Polonia o Rumanía.
