Bruselas vuelve a criticar a uno de sus Estados miembros por defender sus valores tradicionales. Esta vez el foco está puesto en Eslovaquia, que el pasado 26 de septiembre aprobó una reforma constitucional en la que se reconoce la existencia de sólo dos sexos biológicos —masculino y femenino— y se restringe la adopción de menores exclusivamente a parejas heterosexuales casadas. El Gobierno eslovaco sostiene que esta medida busca reforzar la familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantizar que los niños crezcan en entornos estables, pero las instituciones europeas la han calificado de «retroceso en materia de derechos fundamentales».
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), con sede en Viena, emitió un comunicado en el que advierte de que la nueva legislación «atenta contra los valores de igualdad, respeto y dignidad humana» recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. En particular, el organismo cuestiona la definición biológica del sexo y denuncia que la ley ignora las «realidades vividas» por las personas transgénero, intersexuales o no binarias. Además, la FRA ha mostrado su rechazo a la obligación de contar con consentimiento paterno para la participación de menores en programas de educación sexual, calificándola de «limitación indebida al acceso a información veraz y contrastada».
El primer ministro Robert Fico, sin embargo, ha defendido la soberanía legislativa de su país. Según explicó, Eslovaquia «no aceptará que instituciones extranjeras impongan su moral o sus valores» y subrayó que la reforma responde a un mandato popular claro: proteger a las familias, blindar la educación de los menores frente a influencias ideológicas y reafirmar la independencia del derecho eslovaco frente a la burocracia de Bruselas.
La reforma constitucional sitúa a Bratislava en el mismo bloque que Hungría y Polonia, dos países que en los últimos años han adoptado medidas similares para salvaguardar sus tradiciones y su modelo familiar frente a las presiones del progresismo europeo. Este nuevo choque confirma la fractura cultural cada vez más profunda entre los Estados del este, que reivindican su identidad cristiana y nacional, y las instituciones de la UE, que promueven una agenda de valores liberales y multiculturales.
Aunque la Comisión Europea aún no ha anunciado acciones concretas, fuentes comunitarias no descartan llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE, siguiendo el precedente de las sanciones impuestas a Hungría por su ley de protección de menores de 2021. En Bruselas, la preocupación no se limita a la cuestión jurídica, sino al «efecto contagio» que esta medida podría tener en otros países de la región con gobiernos conservadores.
