Diez días después de la eliminación total de aranceles a los cítricos de Sudáfrica, la Unión Europea ha detectado en Dinamarca un lote de clementinas con residuos de un insecticida prohibido, importado a través de los Países Bajos, tras la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Bruselas y el África meridional el pasado 10 de octubre. La Red de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos (RASFF) ha calificado el hallazgo de “potencialmente serio”, confirmando así las advertencias de los productores españoles sobre los riesgos sanitarios y económicos derivados de este pacto.
El tratado entre la Unión Europea y los países del África meridional, firmado en 2016, preveía una reducción progresiva de los aranceles a los productos agrícolas hasta alcanzar la cuota cero en 2025. En la práctica, el recorte coincidía cada año con el inicio de la campaña citrícola española, entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, lo que convertía la competencia en un enfrentamiento directo. Los agricultores españoles ya habían denunciado que esta liberalización comercial favorecía la entrada masiva de cítricos extranjeros en plena recolección nacional.
La detección de residuos de Buprofezin, un insecticida que impide el desarrollo de plagas pero cuyo uso está prohibido dentro del bloque comunitario, ha evidenciado las diferencias de control y exigencia entre los Estados miembros y los países extracomunitarios. Las clementinas afectadas, procedentes de Sudáfrica y distribuidas desde los Países Bajos, lograron acceder al mercado europeo sin los controles fitosanitarios que se aplican a la producción nacional, detalla El Debate.
Desde las organizaciones agrarias advierten de que este episodio no es un caso aislado. La Unió Llauradora denuncia que el 66% de las importaciones de cítricos sudafricanos se concentran en el mismo periodo que la campaña española, lo que califican de “crítico para los productores valencianos”. Según sus datos, desde 2016 se han registrado cerca de 300 interceptaciones de plagas o enfermedades en cargamentos procedentes de Sudáfrica, especialmente de Thaumatotibia leucotreta y Phyllosticta citricarpa, dos de las más peligrosas para la citricultura mundial. “Son los rechazos oficiales; la cifra real podría ser mucho más alta”, alertan desde la organización.
El sector agrario español acusa el impacto. En la última década, la producción nacional ha caído casi dos millones de toneladas. Tras superar los siete millones en sus mejores años, el aforo estimado para la campaña 2025-2026 ronda los 5,6 millones, 1,6 millones por debajo de la media. Los citricultores apuntan directamente a las políticas de Bruselas, que en lugar de proteger al productor europeo abren la puerta a una competencia desleal que devalúa los precios, pone en riesgo la seguridad alimentaria y deja a miles de explotaciones al borde de la desaparición.
Diez días han bastado para confirmar lo que el campo español lleva años denunciando: la UE sacrifica su propia agricultura en nombre del libre comercio.
