La Comisión Europea ha aprobado este martes un nuevo desembolso de 29 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para Birmania y para la comunidad rohingya en países vecinos, en una decisión que vuelve a evidenciar la prioridad de Bruselas por el gasto exterior mientras se multiplican las carencias sociales, energéticas y de seguridad dentro de la propia Unión.
Del total anunciado, 15 millones de euros se destinarán a atender a comunidades afectadas por el conflicto en Birmania y otros 14 millones irán a parar a programas de apoyo a refugiados rohingya en países como Bangladesh. Una asignación que se produce en plena escalada de necesidades internas en numerosos Estados miembros, desde la inflación persistente hasta el colapso de servicios públicos básicos.
El Ejecutivo comunitario justifica el nuevo envío de fondos por el recrudecimiento del conflicto en el país asiático y por los efectos de un terremoto registrado a comienzos de año, que habría agravado la situación humanitaria. Según Bruselas, el seísmo provocó el colapso de servicios esenciales como la sanidad, el suministro de agua o la educación, además de un aumento del hambre.
Sin embargo, el anuncio ha vuelto a reavivar las críticas sobre la política de chequera abierta de la Comisión, que sigue asignando millones de euros fuera de Europa sin un control efectivo sobre el destino final de los fondos ni una evaluación clara de su impacto real. Sólo en el presente ejercicio, la UE ya ha destinado cerca de 50 millones de euros a la crisis en Birmania, a los que se suman partidas extraordinarias aprobadas tras el terremoto de marzo.
De los nuevos fondos, hasta 12 millones de euros se dedicarán a asistencia alimentaria y nutricional dentro de Birmania, mientras que dos millones reforzarán la ayuda en campamentos de refugiados rohingya como el de Cox’s Bazar, en Bangladesh, considerado el mayor del mundo.
Mientras, en Europa se acumulan problemas sin resolver: desde la presión migratoria descontrolada en las fronteras exteriores de la UE hasta la inseguridad ciudadana, la crisis del sector primario y la falta de recursos para atender a familias golpeadas por el encarecimiento de la vida.
