La Comisión Europea ha dado este martes un paso atrás en uno de los dogmas centrales de la agenda climática de Bruselas al proponer levantar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035. En su lugar, el Ejecutivo comunitario plantea permitir una producción «limitada» de este tipo de automóviles, siempre que no supere el 10% de las emisiones de CO₂ autorizadas en 2021.
La propuesta llega tras la presión creciente de la industria del automóvil y del Gobierno alemán, que venía advirtiendo del impacto devastador que la prohibición total tendría sobre el empleo, la competitividad y la soberanía industrial europea. En cambio, Bruselas ha ignorado las posiciones de España y Francia, que defendían mantener intactos los objetivos ideológicos fijados en el calendario verde.
Según la Comisión, este margen de flexibilidad deberá ser «compensado completamente» por los propios fabricantes mediante el uso de llamados «créditos verdes», obtenidos a partir del empleo de acero denominado «verde» producido en la UE o del uso de biocombustibles. Es decir, la concesión viene acompañada de nuevas condiciones burocráticas y tecnológicas impuestas desde Bruselas.
El Ejecutivo comunitario insiste en que la medida no pone en cuestión el objetivo final de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y subraya que, en 2035, los fabricantes deberán cumplir igualmente una reducción del 90% de las emisiones asociadas a los vehículos de combustión. En la práctica, la Comisión mantiene intacta su hoja de ruta ideológica, aunque admite que la prohibición absoluta era inviable.
Con este nuevo planteamiento, Bruselas reconoce implícitamente que tecnologías como los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía, los híbridos suaves e incluso los motores de combustión interna siguen siendo imprescindibles para el sector, tal y como venía reclamando la industria europea frente al dogmatismo climático.
La rectificación forma parte de un paquete más amplio de apoyo al automóvil que el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha calificado como un «salvavidas» para el sector. «Usamos todos los recursos a nuestro alcance: simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación», afirmó, asegurando que el plan permitirá «restaurar el liderazgo» industrial europeo sin renunciar a la transición climática.
Por su parte, el comisario económico Valdis Dombrovskis admitió que el sector del automóvil europeo se encuentra en una «encrucijada» y urgió a actuar con rapidez para evitar que esta industria estratégica quede reducida a un mero «patrimonio del pasado» por culpa de decisiones políticas desconectadas de la realidad productiva.
El paquete incluye además una flexibilización específica de las normas de emisiones de CO₂ para vehículos pesados, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los objetivos fijados para 2030, así como nuevas obligaciones para las flotas corporativas, imponiendo a los Estados miembros cuotas de vehículos de cero y bajas emisiones para grandes empresas.
Como parte del mismo plan, Bruselas ha confirmado una inversión de 1.800 millones de euros para impulsar la producción de baterías para vehículos eléctricos, retomando el anuncio realizado en septiembre por Ursula von der Leyen. El objetivo es acelerar una cadena de valor de baterías «íntegramente producida en la UE», a base de subvenciones públicas y planificación centralizada.
La Comisión también promete una supuesta simplificación legislativa para reducir la carga burocrática del sector, aunque mantiene intacta la arquitectura regulatoria que ha llevado a la industria automovilística europea a perder competitividad frente a China y Estados Unidos.
La propuesta deberá ahora ser negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo, pero supone ya un reconocimiento explícito de que la prohibición total del motor de combustión fue una imposición ideológica sin respaldo industrial ni social. Una rectificación tardía que llega después de años de advertencias ignoradas.
