El Parlamento Europeo someterá el jueves a votación un texto abiertamente favorable al aborto en el marco de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «My voice, my choice», utilizando, según ha denunciado la delegación de VOX, un procedimiento irregular, contrario al propio Reglamento de la Eurocámara y lesivo para los derechos de los eurodiputados.
Lejos de seguir el cauce previsto para una ICE, la maniobra consiste en reciclar un texto previamente aprobado bajo una base jurídica distinta, el artículo 142(5) del Reglamento, que se aplica a meras declaraciones políticas sin efecto vinculante, y reetiquetarlo ahora como si fuera un proyecto de resolución oficial al amparo del artículo 228, que es el que regula específicamente el tratamiento formal de una Iniciativa Ciudadana Europea. Todo ello sin tramitar un nuevo texto ni abrir un nuevo plazo de enmiendas, como exigiría un procedimiento mínimamente garantista.
Los eurodiputados de VOX han sido rotundos: «Una resolución adoptada bajo el artículo 142(5) no puede transformarse retroactivamente en una resolución del artículo 228; son procedimientos diferentes, con efectos diferentes». Es decir, la izquierda pretende, con la connivencia de buena parte del sistema eurocrático, cambiar las reglas a mitad de partido para blindar un texto ideológico sin permitir que los grupos disidentes puedan modificarlo.
El texto en cuestión fue adoptado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) antes incluso de que tuviera lugar la audiencia pública obligatoria que forma parte del procedimiento de una ICE, conforme al artículo 228. Además, al no tratarse inicialmente de un proyecto de resolución formal, los eurodiputados no pudieron presentar enmiendas, lo que vulnera el Reglamento interno, que garantiza expresamente ese derecho a todos los diputados. Es un salto procedimental que, de consolidarse, abriría la puerta a que cualquier mayoría coyuntural imponga sus resoluciones ideológicas sin pasar por los cauces previstos.
En consecuencia, desde VOX se ha solicitado formalmente a la presidencia de la comisión que se retire el punto del orden del día por considerar que «la maniobra vulnera derechos fundamentales del procedimiento parlamentario y, en la práctica, vacía de contenido la función de control y enmienda del resto de grupos».
Desde la presidencia de la comisión se han lanzado varios argumentos para justificar el atajo reglamentario.
Uno de los pretextos es que «el texto ya fue votado en la Comisión y, por tanto, no se vulnera el Reglamento». Sin embargo, cambiar la base jurídica, del artículo 142 al 228, implica cambiar de procedimiento, y ese cambio obliga a abrir un nuevo plazo de enmiendas conforme al artículo 56. Lo contrario supone eludir, de forma deliberada, los derechos de los diputados y vaciar de contenido el procedimiento previsto para las ICE.
El objetivo de esta operación no es técnico ni inocuo. A través de la ICE «My voice, my choice», la izquierda pretende avanzar hacia la financiación pública del aborto en toda la Unión Europea, presionando especialmente a aquellos Estados que todavía defienden la vida y la soberanía nacional, como Polonia, Hungría o Malta, para que renuncien a sus competencias en materia sanitaria, moral y de protección de la familia. Se busca imponer por la vía de los hechos una obligación de financiar el aborto con fondos públicos y de armonizar a la baja las legislaciones nacionales.
Esta deriva centralizadora e ideológica, que instrumentaliza los tratados y el Reglamento interno para forzar la agenda abortista, ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones por los eurodiputados del grupo Patriotas por Europa. Estos han alertado del uso abusivo de las instituciones europeas para promover políticas contrarias a los valores fundacionales de Europa, a las constituciones nacionales y al principio esencial de subsidiariedad, que protege la competencia de los Estados en materias sensibles como la vida, la familia o la moral pública.
El caso vuelve a evidenciar cómo las mayorías progresistas en Bruselas están dispuestas a forzar el Reglamento y vaciar de sentido los procedimientos parlamentarios con tal de consolidar el aborto a nivel europeo.
