La Comisión Europea ha creado junto a ocho bancos multilaterales el Fondo Global de Bonos Verdes, con el objetivo de movilizar hasta 20.000 millones de euros en infraestructuras sostenibles en países en desarrollo, centrado en la mitigación y adaptación al cambio climático.
Esta nueva iniciativa, que forma parte de la estrategia Global Gateway y será gestionada por entidades como Amundi, ha sido anunciada en pleno 2026, cuando Europa arrastra una crisis económica persistente marcada por la inflación, el encarecimiento de la energía, la desindustrialización y el aumento de la pobreza energética en varios Estados miembros. Lejos de frenar el gasto, la burocracia de Bruselas acelera el compromiso con la Agenda 2030, destinando recursos millonarios a terceros países mientras los contribuyentes europeos soportan el peso de las políticas verdes impuestas desde las instituciones comunitarias.
El eurodiputado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, ha denunciado con dureza la medida. «En Bruselas, la burocracia del #Bipartidismo sigue igual. Saqueo del contribuyente europeo. Transferencia masiva de fondos a terceros países. Pura #Agenda2030», escribió en su cuenta de X. Para Buxadé, esta decisión evidencia que, pese a la crisis que golpea a familias, agricultores e industrias del Viejo Continente, las prioridades de la Comisión Europea permanecen intactas: seguir financiando con dinero público europeo proyectos climáticos en el Sur Global sin que exista un retorno claro para los ciudadanos de la UE.
El Fondo Global de Bonos Verdes se suma a la larga lista de instrumentos financieros del Pacto Verde Europeo y del NextGenerationEU, que ya han comprometido billones de euros en transición ecológica. Sin embargo, voces críticas como la de Buxadé subrayan que estos fondos no resuelven los problemas reales de los europeos —como el paro juvenil, la pérdida de competitividad industrial frente a China o Estados Unidos, o la dependencia energética— sino que los agravan al elevar los costes de producción y desviar recursos hacia el exterior.
«La UE y ocho bancos multilaterales crean el Fondo Global de Bonos Verdes para movilizar hasta 20.000 millones en infraestructuras sostenibles en países en desarrollo», recordó el eurodiputado, para acto seguido denunciar que se trata de «pura Agenda 2030». En un momento en el que muchos hogares europeos no pueden pagar la factura de la luz y las empresas cierran o se relocalizan por el precio del CO₂ y las regulaciones ambientales, la Comisión sigue apostando por un modelo que, según sus detractores, prioriza la ideología climática sobre la supervivencia económica del continente.
Esta creación del Fondo se produce además en un contexto de crecientes alertas sobre la viabilidad financiera del Green Deal. Organizaciones empresariales y gobiernos de varios Estados miembros han advertido en los últimos meses que el ritmo de gasto climático es insostenible si no se acompaña de un alivio regulatorio real. Sin embargo, la Comisión Europea parece decidida a mantener el acelerador: el Fondo Global de Bonos Verdes es solo el último ejemplo de cómo, pese a la crisis, las políticas climáticas no solo no se recortan, sino que siguen expandiéndose.
Para Jorge Buxadé y para un número creciente de ciudadanos y empresarios europeos, ha llegado el momento de cuestionar si este modelo de «solidaridad climática» a costa del contribuyente es compatible con la defensa de los intereses de Europa. Mientras tanto, el Fondo ya está en marcha, y los 20.000 millones de euros prometidos saldrán, una vez más, del bolsillo de los europeos.
