La Unión Europea pretende crear un sector textil más verde, competitivo y resistente a los choques globales, y para ello prepara un cambio profundo en la industria de la moda que transformará por completo el modo en que se fabrica, vende y consume ropa en Europa. Uno de los pilares de esta revolución será el impulso a las fibras recicladas y la introducción del llamado «pasaporte digital del producto», una herramienta que promete modificar los estándares actuales de producción y trazabilidad.
Bruselas ya ha fijado una fecha en el calendario: 31 de diciembre de 2026. A partir de ese momento, los fabricantes estarán obligados a incluir un identificador digital en sus productos textiles. Este pasaporte recogerá información detallada sobre el origen de las materias primas, los procesos de fabricación, el cumplimiento ambiental, los derechos laborales y el potencial de reutilización o reciclaje del producto. La finalidad, según explica la propia Comisión Europea, es que tanto empresas como consumidores «dispongan de una visión completa y transparente del ciclo de vida de cada prenda».
Este viraje regulatorio aseguran que se enmarca dentro de la estrategia comunitaria para reducir el impacto ambiental del consumo de ropa. Cada año, los europeos desechan aproximadamente cinco millones de toneladas de textiles, lo que equivale a unos 12 kilos por persona. El objetivo es dar un giro radical: menos residuo, más reutilización y un sistema que premie la sostenibilidad.
Para el año 2030, la Comisión aspira a que todas las prendas comercializadas en la UE sean duraderas, reparables y reciclables, elaboradas mayoritariamente a partir de materiales recuperados y sin componentes tóxicos. Además, se busca dejar atrás el modelo de «moda rápida» —ropa barata, de corta duración y gran volumen de consumo—, fomentando en su lugar un consumo más responsable y sostenible.
Junto a este giro ecológico, la UE quiere promover también una transformación económica y social del sector. Se espera que el impulso a la reutilización y el reciclaje de textiles genere empleo en actividades como la reparación, la clasificación y la recuperación de materiales. Algunos estudios comunitarios estiman que por cada 1.000 toneladas de ropa recuperada podrían crearse entre 25 y 30 puestos de trabajo, lo que supone una oportunidad para el empleo local si se desarrolla una infraestructura adecuada.
Sin embargo, sectores críticos advierten que esta transición podría tener efectos secundarios no deseados. La necesidad de adaptar los procesos productivos, garantizar el uso de materiales más caros y cumplir con requisitos digitales y medioambientales podría derivar, advierten, en un encarecimiento significativo de las prendas y una caída en el consumo, con el consiguiente impacto en la industria y el empleo, especialmente en pequeñas empresas y comercios minoristas.
La Comisión, por su parte, defiende que estas transformaciones son necesarias para reducir la huella ecológica del sector textil, y al mismo tiempo reforzar la autonomía productiva europea en un contexto global marcado por crisis logísticas, tensiones geopolíticas y objetivos climáticos cada vez más ambiciosos.
