La Unión Europea prepara nuevas normas que encarecerán la actividad empresarial con millones en costes adicionales, incluso antes de que se hayan traspuesto las directivas previas. Bruselas acelera su agenda regulatoria en plena crisis de competitividad y con una guerra comercial abierta con Estados Unidos, un movimiento que el propio Informe Draghi ha señalado como ejemplo del «infierno normativo» que asfixia al tejido productivo europeo.
Las directivas en cuestión son la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) y la CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). La primera multiplica por diez los indicadores que las empresas deben reportar en materia de sostenibilidad, incluyendo medioambiente, gobernanza y compromisos sociales. La segunda obliga a vigilar toda la cadena de valor para garantizar que se cumplen derechos humanos y ambientales, con sanciones incluidas y la creación de autoridades nacionales de control.
Ambas normas, presentadas como iniciativas «altruistas», supondrán en la práctica un coste millonario. En España, más de 1.000 compañías tendrán que destinar más de un millón de euros al año para cumplir con la nueva burocracia.
La presión de empresas y lobbies en Bruselas ha conseguido una rebaja parcial. Tras el Informe Draghi, la Comisión ha decidido retrasar la entrada en vigor de la CSDDD un año y la CSRD dos años, además de limitar el número de empresas afectadas: solo aquellas con más de 1.000 empleados y 50 millones de facturación (o un balance superior a 25 millones).
Pese a ello, la carga sigue siendo desorbitada. Según el Club de Exportadores e Inversores, el impacto inicial para una empresa mediana o grande será de 1,19 millones de euros anuales, que quedarán en 1,06 millones incluso con la prometida simplificación. En conjunto, Bruselas calcula un ahorro de 6.300 millones en trámites, de los que 693 corresponderían a España.
El INE cifra en 1.153 las compañías españolas con más de 1.000 trabajadores que deberán adaptarse a la normativa. Sin la simplificación, habrían sido más de 5.000, incluyendo a muchas pymes.
Especialmente golpeadas estarán las Empresas de Tamaño Intermedio (ETI o Mid-Cap), con entre 250 y 2.999 empleados y una facturación de entre 50 y 1.000 millones. «Las ETI son un motor clave para la economía española y requieren un enfoque diferencial para impulsar su contribución al crecimiento económico», señaló en febrero el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin.
El objetivo de impulsar la productividad choca frontalmente con esta maraña de normas woke, que amenaza con hundir a las compañías llamadas a sostener el empleo y el crecimiento en España.
