La Comisión Europea ha dado un nuevo paso en su ofensiva regulatoria sobre el espacio digital al someter a WhatsApp al régimen más estricto de control previsto en la Ley de Servicios Digitales (DSA). Una decisión técnica en apariencia, pero con profundas implicaciones políticas y democráticas, que vuelve a encender las alarmas sobre la libertad de expresión en Europa.
El movimiento, formalizado el 26 de enero, se basa en la reclasificación de la función Channels de WhatsApp como plataforma de «muy gran tamaño», al superar el umbral de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea. Este cambio sitúa a la aplicación bajo la supervisión directa de Bruselas y la obliga a cumplir exigencias mucho más duras en materia de control de contenidos, evaluación de riesgos y transparencia.
Aunque desde la Comisión insisten en que los mensajes privados no se verán afectados y que la regulación se limita a los canales de difusión unidireccional, la experiencia reciente sugiere lo contrario. Cada nueva «excepción técnica» ha acabado ampliando el campo de intervención política sobre plataformas digitales que millones de europeos utilizan para informarse y comunicarse al margen de los grandes medios.
La clave del problema reside en cómo el DSA define los llamados «riesgos sistémicos». Bajo ese concepto ambiguo se incluyen no sólo contenidos ilegales, sino también supuestas amenazas a la democracia, a los procesos electorales o a los llamados «derechos fundamentales», categorías abiertas que permiten una interpretación política del discurso público. En la práctica, las plataformas quedan obligadas a anticiparse y neutralizar contenidos que puedan incomodar al poder regulador.
Esto convierte a empresas privadas en árbitros del debate público, forzadas a aplicar criterios ideológicos definidos desde Bruselas, con procedimientos poco transparentes y sin control democrático efectivo. Para muchos juristas y defensores de las libertades civiles, se trata de un sistema que incentiva la autocensura y erosiona el pluralismo político.
El caso de WhatsApp no es aislado. Tras el fracaso de los intentos explícitos de imponer el llamado «chat control», la Comisión ha optado por una vía indirecta: ampliar progresivamente el alcance del DSA. Cuando una propuesta tropieza con la oposición ciudadana o parlamentaria, se reintroduce por la puerta trasera mediante tecnicismos regulatorios.
