La Comisión Europea vuelve a actuar movida por su dogmatismo ideológico y pretende imponer una cuota obligatoria de vehículos eléctricos en las flotas empresariales, adelantando así por la puerta de atrás la prohibición de los motores de combustión prevista para 2035.
Hasta ahora, la aceptación de los coches eléctricos en Europa —y especialmente en Alemania— ha sido limitada, pero Bruselas quiere forzar la transición con nuevas medidas dirigidas a las flotas de empresa, que suponen aproximadamente el 60% de las matriculaciones nuevas en la Unión Europea (UE).
El plan de la Comisión, anunciado el pasado 5 de marzo en una comunicación titulada Descarbonización de las flotas corporativas, aún no tiene forma definitiva, pero se espera un borrador antes de que termine el año. La industria automovilística ya teme que la cuota obligatoria pueda ser del 75% de eléctricos para 2027 y hasta del 100% para 2030. En la actualidad, en Alemania sólo el 23% de las flotas corporativas son totalmente eléctricas.
Las consecuencias serían devastadoras, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y las empresas familiares, muchas de las cuales no pueden afrontar ni el sobrecoste de los vehículos eléctricos ni la inversión necesaria en infraestructuras de carga, que en muchos casos ni siquiera existen en sus instalaciones ni en las zonas rurales donde operan. Se calcula que la instalación de cargadores puede suponer millones de euros adicionales en costes.
La Comisión incluye dentro de las «flotas de empresa» a todo vehículo matriculado comercialmente, desde coches de empresa para empleados hasta furgonetas de reparto y vehículos comerciales. Esto afectaría a compañías de alquiler de coches, a empresas que utilizan vehículos para su actividad diaria e incluso a los fabricantes que matriculan sus propios modelos.
Las grandes compañías de leasing y alquiler ya han puesto en evidencia los problemas de esta imposición. Hertz, por ejemplo, ha vendido 20.000 eléctricos —un tercio de su flota eléctrica— para volver a comprar modelos de combustión más rentables. También desde Leaseurope, su director general, Richard Knubben, ha advertido: «Si la UE introduce una cuota eléctrica para flotas a partir de 2030, esto equivaldría a adelantar la prohibición de los motores de combustión de 2035 por la puerta trasera, ya que más de la mitad de los vehículos vendidos en la UE son financiados y adquiridos por nuestros miembros».
Desde la empresa de leasing Sixt, la crítica es aún más clara. Su directivo Nico Gabriel ha denunciado que «las cuotas eléctricas para los operadores de flotas son completamente inadecuadas», subrayando el desajuste entre las exigencias de Bruselas y la realidad del mercado.
El dogmatismo de la Comisión Europea vuelve a chocar con la realidad: la autonomía de los eléctricos sigue siendo insuficiente para muchos usos, el valor de reventa de estos vehículos cae mucho más rápido que el de los de combustión y la infraestructura pública de recarga sigue siendo deficiente en buena parte del territorio europeo.
Con estas medidas, Bruselas no sólo ignora el rechazo de los sectores afectados, sino que amenaza con asfixiar a miles de pequeñas y medianas empresas y las empuja directamente al borde de la quiebra, en nombre de una ideología «verde» que ni el mercado ni la realidad respaldan.
