Bruselas ha presentado su nueva estrategia de seguridad interna, ProtectEU, una iniciativa que, bajo la promesa de combatir las amenazas cibernéticas y el terrorismo, podría poner en jaque el derecho a la privacidad de millones de ciudadanos.
Aunque el plan asegura proteger los derechos fundamentales, su contenido plantea dudas serias sobre el rumbo que puede tomar la política de seguridad en la UE. Conceptos como «acceso legal y efectivo a los datos» o «nuevas hojas de ruta sobre el cifrado» sugieren la posible implementación de mecanismos que permitirían el acceso a comunicaciones cifradas, debilitando la protección de la información digital de los usuarios.
Uno de los puntos más controvertidos de esta hoja de ruta es el refuerzo del papel de Europol, que se convertiría en un organismo con mayores atribuciones operativas. Junto a ella, otras agencias como Eurojust, Frontex o ENISA también verían ampliadas sus competencias, consolidando una arquitectura europea de seguridad más centralizada. A ello se suma la creación de un nuevo sistema de comunicaciones transfronterizas entre autoridades, y la propuesta de un marco legal para facilitar el acceso a datos almacenados por empresas tecnológicas.
Bajo la premisa de anticiparse a amenazas futuras, ProtectEU plantea un modelo de gobernanza más sólido y una cooperación reforzada entre Estados miembros, instituciones europeas y agencias especializadas. El plan incluye la elaboración de informes periódicos de inteligencia y la implementación de mecanismos de seguimiento para evaluar amenazas internas, sin embargo, su impacto real sobre las libertades civiles aún no ha sido objeto de un debate público profundo.
La Comisión defiende que esta estrategia busca una cultura de seguridad más integrada y transversal, implicando no sólo a cuerpos policiales, sino también a ciudadanos, empresas y comunidades científicas. Según Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, «la seguridad es un pilar esencial para sociedades abiertas y economías sólidas». No obstante, las implicaciones que esto puede tener en términos de vigilancia masiva preocupan a los defensores de la privacidad digital y organizaciones de derechos civiles.
ProtectEU también pretende reforzar la respuesta ante las llamadas amenazas híbridas, como los ataques a infraestructuras críticas, las campañas de desinformación y el uso de tecnologías emergentes con fines hostiles. Entre las medidas anunciadas figuran una nueva Ley de Ciberseguridad, normas más estrictas para los servicios en la nube y las telecomunicaciones, y una política más firme sobre la dependencia tecnológica de proveedores extranjeros.
En paralelo, la estrategia incluye una batería de iniciativas contra el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. La Comisión se compromete a reforzar la legislación sobre recuperación de activos, a impulsar una nueva estrategia contra el uso criminal de las criptomonedas, y a aplicar estándares más exigentes en la protección de la infancia frente a redes delictivas.
