La Comisión Europea ha presentado la «Brújula de Competitividad», una «estrategia» con la que pretende centralizar aún más el poder económico en Bruselas, arrebatando a los Estados miembros la capacidad de definir sus propias políticas industriales y de inversión.
Bajo el pretexto de «impulsar la innovación, la descarbonización y la seguridad económica», el Ejecutivo comunitario busca imponer un control estricto sobre las estrategias industriales nacionales, utilizando herramientas financieras como medio de presión.
El documento señala que el problema de la competitividad europea radica en la fragmentación de las políticas industriales nacionales y en la falta de «una supervisión centralizada» por parte de la Comisión y propone la creación de una «Herramienta de Coordinación de Competitividad» que permitiría a Bruselas «establecer prioridades económicas e industriales conjuntas, desarrollar planes de acción específicos para cada país y vigilar su implementación»
En 2008, la Comisión utilizó la crisis financiera como justificación para imponer mayor control sobre las decisiones fiscales nacionales, argumentando la necesidad de «una respuesta armonizada». Ahora busca replicar este modelo, estableciendo objetivos industriales para cada Estado miembro y vinculando el acceso a fondos europeos al cumplimiento de estos planes.
Así, vincula los fondos de la UE a las reformas exigidas por Bruselas. La Comisión podrá «incentivar el cumplimiento» mediante la condicionalidad en el acceso a los fondos, un esquema que recuerda al ya aplicado en el marco del Estado de Derecho, donde el acceso se ha utilizado como herramienta de presión contra gobiernos que disienten y desafían la agenda globalista. Además, refuerza el Pacto Verde, lo que afectará al sector del acero y a la industria química, entre otros, debilitando todavía más la capacidad productiva europea.