Bruselas ha dado un nuevo paso en su acercamiento diplomático a regímenes islamistas y autoridades de facto de Oriente Medio y Asia Central. Mientras continúan multiplicándose las denuncias internacionales por la persecución contra comunidades cristianas en Siria y Afganistán, la Unión Europea ha decidido recuperar plenamente su acuerdo de cooperación con Damasco e invitar a representantes talibanes a reuniones técnicas en su propia sede.
El Consejo de la Unión Europea anunció este lunes el levantamiento definitivo de la suspensión parcial del acuerdo de cooperación con Siria que permanecía vigente desde 2011, cuando Bruselas sancionó al régimen de Bashar al Asad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. La medida permitirá restablecer completamente las relaciones económicas y comerciales entre la UE y Siria tras la caída del régimen en diciembre de 2024.
Según explicó el propio Consejo, ya no existen las condiciones que justificaban mantener suspendidas determinadas cláusulas relacionadas con el comercio de petróleo, productos derivados, metales preciosos y otros bienes estratégicos. Bruselas sostiene que la decisión busca favorecer la recuperación económica del país y apoyar una «transición pacífica e inclusiva».
El acercamiento incluye además importantes compromisos financieros. La Comisión Europea trabaja actualmente en un paquete multimillonario para reforzar las instituciones sirias y reconstruir infraestructuras. Entre las medidas ya anunciadas figuran 15 millones de euros destinados a asistencia técnica para organismos estatales sirios, otros 14 millones para rehabilitar un hospital en Homs y un programa global de recuperación económica valorado en 175 millones de euros. Además, Bruselas prepara una nueva dotación adicional de 280 millones para el periodo 2026-2027.
Paralelamente, la capital comunitaria acogió este lunes el primer diálogo político formal entre la Unión Europea y Siria tras años de aislamiento diplomático. Las reuniones contaron con la participación de representantes comunitarios y del ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani.
Sin embargo, el movimiento más polémico ha llegado desde Afganistán. La Comisión Europea confirmó el envío de una carta oficial invitando a funcionarios talibanes a Bruselas para mantener conversaciones técnicas sobre deportaciones y retornos de inmigrantes afganos desde Europa.
Aunque inicialmente las instituciones comunitarias negaron la existencia de dichos contactos, posteriormente un portavoz reconoció que la invitación había sido tramitada por la Dirección General de Interior de la Comisión Europea junto al Ministerio de Justicia de Suecia. Bruselas, no obstante, se ha negado a revelar qué miembros del régimen talibán han sido invitados o si la Unión Europea financiará los vuelos y el alojamiento de la delegación afgana.
Las reuniones estarán centradas en la expulsión de inmigrantes afganos considerados una amenaza para la seguridad o que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo. Para facilitar la visita, Bélgica expedirá visados excepcionales a representantes del régimen islamista.
La Comisión Europea insiste en que estos contactos «no constituyen un reconocimiento oficial» del gobierno talibán, aunque admite mantener un «diálogo operativo» con las autoridades de facto de Afganistán. Desde la vuelta de los talibanes al poder, Bruselas ha condenado repetidamente las restricciones impuestas a las mujeres, la censura y la represión interna en el país asiático.
Todo ello ocurre mientras organizaciones internacionales y asociaciones cristianas alertan del empeoramiento de la situación de las minorías religiosas tanto en Siria como en Afganistán. Diversos informes denuncian ataques, discriminación y persecución contra comunidades cristianas en territorios controlados por grupos islamistas o gobiernos inspirados en la ley islámica.
Pese a ello, la Unión Europea parece haber optado por priorizar la cooperación política, económica y migratoria con estos regímenes y autoridades de facto, en un contexto marcado por la creciente presión migratoria y por el interés de varios gobiernos europeos en acelerar las deportaciones de inmigrantes ilegales o delincuentes procedentes de Afganistán y Siria.
