Un escándalo institucional sacude a Reino Unido. Cerca de 400 organismos públicos financiados con dinero de los contribuyentes estarían incumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo que establece que el término «mujer» en la legislación de igualdad se refiere al sexo biológico.

Pese a este fallo, múltiples entidades continúan aplicando políticas que permiten a varones que se identifican como mujeres acceder a espacios reservados exclusivamente para mujeres, como vestuarios, baños o áreas hospitalarias.

La investigación, difundida por medios británicos, apunta a que entre los organismos implicados se encuentran hospitales del sistema público (NHS), fuerzas policiales, ayuntamientos y departamentos gubernamentales.

El caso resulta especialmente significativo en el ámbito sanitario. De los centros hospitalarios con hospitalización en Inglaterra, el 97% mantiene políticas que permiten el acceso a espacios femeninos en función de la identidad de género declarada, y no del sexo biológico.

Más de la mitad de los gobiernos locales y más de 20 cuerpos policiales tampoco habrían adaptado sus protocolos a la sentencia judicial. Algunas instituciones han reconocido que sus normas siguen basándose en el «género vivido» o la «identidad elegida», en abierta contradicción con el criterio establecido por el Tribunal Supremo.

La resolución judicial, dictada el año pasado, dejó claro que la legislación de igualdad debe interpretarse en base al sexo biológico, y no a la autoidentificación. Sin embargo, la persistencia de estas prácticas evidencia un choque creciente entre el marco legal y las políticas impulsadas en los últimos años por determinadas corrientes ideológicas dentro de las instituciones públicas.