En la política actual, nada es como en los años en que existía la «amenaza roja». En Francia, por ejemplo, el PC ha pasado de tener un 20% de los votos a ser inexistente y de considerar a la clase obrera como el elemento revolucionario para derrocar la sociedad capitalista a pasar esa condición a los inmigrantes.
Los dirigentes comunistas pidieron en las elecciones presidenciales de 2022 el voto para el rico y ex empleado de la banca Rothschild Emmanuel Macron. Ahora, Macron pide el voto en las elecciones legislativas para candidatos de extrema izquierda, antisraelíes, partidarios de nacionalizar sectores económicos y de realizar expropiaciones. Son distintos brazos del mismo cuerpo.
A Agrupación Nacional y sus votantes (más de 10 millones en la primera vuelta de las elecciones legislativas) se les acusa de xenófobos, racistas y hasta de inhumanos por su oposición a la inmigración. Sin embargo, esta propuesta no debe de ser tan mala cuando en los años 80 la planteaban los comunistas, entonces autotitulados defensores de los pobres, aunque hoy, como toda la banda de antifascistas, se han convertido en los guardias de seguridad de los plutócratas.
En enero de 1981, George Marchais, secretario general del PCF y candidato a las elecciones presidenciales de junio (obtuvo 4,5 millones de votos), publicó en el periódico de su partido, L’Humanité, una carta abierta el rector de la mezquita de París que en nuestros días seguramente sería rechazada por los periódicos progres con la acusación de «delito de odio».
El siguiente párrafo lo encontramos hoy en los programas de los partidos del sentido común. Equipara el acarreo de inmigrantes al tráfico de esclavos y afirma que se realiza para aumentar los beneficios empresariales y rebajar los salarios. «En cuanto a la patronal y al gobierno francés, recurren a la inmigración masiva, de la misma manera que se practicó en el pasado la trata de esclavos, para obtener una mano de obra de esclavos modernos, sobreexplotados y mal pagados. Esta mano de obra les permite obtener mayores beneficios y ejercer una mayor presión sobre los salarios, las condiciones de trabajo y de vida y los derechos de todos los trabajadores de Francia, inmigrantes o no. Esta política es contraria tanto a los intereses de los trabajadores inmigrantes y de la mayoría de sus países de origen como a los intereses de los trabajadores franceses y de Francia. En la crisis actual, es una forma de que los empresarios y el gobierno empeoren el desempleo, los bajos salarios, las malas condiciones laborales y la represión contra todos los trabajadores, tanto inmigrantes como franceses».
Marchais acusó al Gobierno de centro-derecha de permitir y animar la entrada de inmigrantes ilegales, que además implicaba la explotación laboral de los extranjeros: «Por eso decimos que hay que frenar la inmigración, pues de lo contrario más trabajadores se quedarán sin trabajo. En este sentido, el Sr. Giscard d’Estaing (presidente de la república) y el Sr. Stoléru (asesor económico del anterior) hacen lo contrario de lo que dicen están contribuyendo a la entrada ilegal organizada de trabajadores que no tienen derechos y están sometidos a una explotación vergonzosa e inhumana».
Y subrayó su opinión con una frase que provocaría desmayos entre tertulianos socialistas y clericales: «Que quede claro: hay que frenar la inmigración oficial e ilegal». Aunque la matizaba de la siguiente manera: «Pero no expulsar por la fuerza a los trabajadores inmigrantes que ya están en Francia, como hizo el canciller Helmut Schmidt en la República Federal de Alemania».
Incluso alguien con una visión exclusivamente materialista de las relaciones sociales como él reconoció que la concentración de inmigrantes en unos barrios podía provocar incidentes debido a las culturas y costumbres diferentes: «Como consecuencia, trabajadores y familias con tradiciones, lenguas y modos de vida diferentes se ven hacinados en lo que sólo puede calificarse de guetos. Esto crea tensiones, y a veces enfrentamientos, entre inmigrantes de distintos países. Y dificulta sus relaciones con los franceses».
Por último, Marchais constató la degradación de los servicios sociales: «El coste de la ayuda social a las familias inmigrantes sumidas en la pobreza se hace insoportable para los presupuestos de los municipios poblados por obreros y trabajadores. El sistema educativo no da abasto y los niños, tanto inmigrantes como franceses, se quedan cada vez más rezagados. Los costes sanitarios aumentan».
El secretario general del PC repitió su frase de parar todo tipo de inmigración en las semanas siguientes, pero su partido cayó en la misma hipocresía que él denunciaba de Giscard y de otros políticos burgueses.
Así se explica el arraigo de AN en ciudades y distritos antes controlados por los comunistas, sobre todo en la zona norte de Francia. Los ciudadanos sufrían las consecuencias de una inmigración que el Estado no quería controlar y, encima, cuando se quejaban, los poderosos y sus voceros les insultaban.
Los «ultraderechistas» de hoy son casi como los comunistas de hace cuarenta años. Y los comunistas de hoy son como los eternos niños de papá, caprichosos e irresponsables.
