Un operativo de gran envergadura de la Policía de Cheshire ha sacudido este miércoles la localidad británica de Crewe tras el registro de la sede de la secta Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL), un grupo de origen islámico bajo investigación por presuntos delitos de abusos sexuales, esclavitud moderna y matrimonios forzados.
La operación, desarrollada poco antes de las nueve de la mañana, ha movilizado a unos 500 agentes procedentes de varias fuerzas policiales, que accedieron al edificio conocido como Webb House, un antiguo orfanato, donde residían alrededor de 150 seguidores del grupo, entre ellos familias con más de 50 menores que eran educados en casa.
Durante el dispositivo han sido detenidos varios sospechosos de distintas nacionalidades. Las autoridades han confirmado que la investigación se centra en una serie de delitos graves denunciados por una única víctima, una mujer que formó parte del grupo en 2023.
El superintendente jefe Gareth Wrigley ha explicado que la operación es el resultado de una investigación «detallada y rigurosa» sobre acusaciones de delitos sexuales, matrimonios forzados y explotación. «No se trata de una investigación contra la religión, sino contra las graves acusaciones denunciadas», subrayó.
Sin embargo, el caso vuelve a poner el foco en el funcionamiento interno de este grupo, que ya había sido objeto de denuncias por parte de antiguos miembros. En 2025, varios exseguidores aseguraron a The Guardian que la organización les presionaba para cortar vínculos con el exterior y entregar sus bienes. Algunos afirmaron haber donado grandes sumas de dinero, llegando incluso a vender sus viviendas o ceder regalos personales para financiar las actividades de la secta.
El grupo, que se define como un movimiento religioso pacífico derivado del islam chií, niega las acusaciones. Sus abogados sostienen que no existe obligación alguna de entregar propiedades o salarios y defienden que los menores son educados en sus hogares con la supervisión de las autoridades educativas locales.
Las fuerzas de seguridad han activado protocolos de protección para los menores y otras posibles víctimas, mientras continúan los registros en el complejo y la toma de declaraciones.
