Francia ha comenzado a reactivar las deportaciones de ciudadanos argelinos tras casi un año de parálisis, en un movimiento discreto que evidencia un cambio en la relación migratoria entre París y Argel.
Las autoridades francesas han retomado la ejecución de las denominadas Órdenes de Abandono del Territorio Francés (OQTF), medidas administrativas dirigidas a inmigrantes ilegales. Estas expulsiones habían quedado prácticamente suspendidas desde abril de 2025, cuando Argelia dejó de emitir los documentos consulares necesarios para autorizar el retorno de sus nacionales.
El desbloqueo ha sido posible gracias a la reanudación de estos permisos —los llamados laissez-passer— por parte de las autoridades argelinas, lo que ha permitido retomar gradualmente las expulsiones. Según diversas informaciones, la prioridad se está dando a individuos considerados peligrosos o condenados por delitos graves, y ya se han producido operaciones concretas, como la deportación de siete ciudadanos argelinos en una sola jornada.
El cambio se produce tras meses de tensión diplomática entre ambos países, agravada por decisiones como el respaldo de Francia a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental o el encarcelamiento en Argelia del escritor Boualem Sansal. Estas fricciones habían bloqueado la cooperación consular y, con ella, la capacidad efectiva de ejecutar deportaciones.
La situación había puesto en evidencia una de las grandes debilidades del sistema migratorio francés: la brecha entre las órdenes de expulsión dictadas y las realmente ejecutadas, especialmente cuando los países de origen se niegan a colaborar.
Argelia, por su peso histórico y demográfico en Francia, es un socio clave en materia migratoria. Cualquier interrupción en la cooperación tiene consecuencias directas sobre el control de la inmigración ilegal en territorio francés.
