El deterioro del sistema penitenciario francés, tras años de inacción política, ha alcanzado un punto crítico. Ante la saturación de las cárceles, el entorno del presidente Emmanuel Macron estudia ya medidas de excarcelación anticipada para aliviar la sobrepoblación, una opción que ha desatado fuertes críticas por sus implicaciones en materia de seguridad.
Florent Boudié, diputado cercano al Elíseo y en contacto directo con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha defendido esta posibilidad como una vía para reducir la presión sobre los centros penitenciarios. Sin embargo, diversas voces advierten de que la solución pasa por reforzar el sistema, no por liberar delincuentes.
Desde el Instituto para la Justicia, su director Pierre-Marie Sève ha sido contundente: la saturación carcelaria no justifica la puesta en libertad de condenados. «El hecho de que el Gobierno no haya construido nuevas prisiones no puede traducirse en un coste para la seguridad de los ciudadanos», ha señalado.
Entre las propuestas que se barajan figura la implantación de un «techo penitenciario», un mecanismo que implicaría liberar a un preso por cada nuevo ingreso. Una medida que ha sido calificada por sus críticos como una fórmula que antepone la gestión administrativa a la protección de la sociedad, al permitir la salida de reclusos sin haber cumplido su condena.
La crisis ha provocado también la reacción de los propios funcionarios. Guardias de prisiones han bloqueado instalaciones en todo el país para denunciar la falta de personal y el hacinamiento crónico, reclamando medidas urgentes y la cobertura de cerca de 5.000 plazas vacantes.
Desde la oposición, la líder del Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, ha respaldado las protestas y ha acusado al Gobierno de haber «abandonado» a los trabajadores penitenciarios. En la misma línea, varios dirigentes han recordado que el Ejecutivo incumplió su promesa de construir 15.000 nuevas plazas carcelarias desde 2017.
Además, el debate ha reabierto la cuestión de los delincuentes extranjeros. Actualmente, representan en torno al 23% de la población reclusa en Francia, lo que ha llevado a sectores de la oposición a reclamar políticas más firmes de expulsión y control migratorio.
