La pequeña localidad inglesa de Nuneaton, en Warwickshire, ha sido sacudida por un crimen que ha vuelto a poner en tela de juicio las políticas de inmigración impuestas desde Londres. Dos jóvenes afganos, Ahmad Mulakhil y Mohammad Kabir, ambos de 23 años y solicitantes de asilo, han sido acusados de cometer una salvaje agresión sexual contra una niña británica de apenas 12 años.
Los hechos ocurrieron la noche del 22 de julio en la calle Cheverel, cuando Mulakhil presuntamente violó a la menor. Su compatriota Kabir ha sido imputado como cómplice del ataque, además de enfrentar cargos por estrangulamiento y secuestro. Ambos fueron detenidos días después y se encuentran en prisión preventiva a la espera de comparecer ante el Tribunal de la Corona de Warwick el 26 de agosto.
El caso no sólo ha despertado indignación por su brutalidad, sino también por la forma en que ha sido gestionado por las autoridades. La Policía de Warwickshire, en un gesto que muchos consideran inaudito, ha recomendado a concejales y funcionarios que no revelasen que los agresores eran solicitantes de asilo, alegando la necesidad de evitar «tensiones comunitarias». Esta directriz ha generado una ola de críticas entre vecinos, funcionarios electos y medios que reclaman transparencia y justicia para la víctima.
Las viviendas donde residían los acusados estaban gestionadas por Serco, una empresa privada con contrato millonario otorgado por el Ministerio del Interior para alojar a inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo mientras se tramitan sus expedientes. Vecinos y testigos del barrio han manifestado su impotencia ante un sistema que, en nombre de lo políticamente correcto, pone en riesgo la seguridad de los británicos.
