La llamada economía de plataformas en Francia esconde una realidad incómoda: depende casi exclusivamente de inmigración masiva y, en gran medida, ilegal. Un nuevo informe revela que el 98,7% de los repartidores de comida en ciudades como París y Burdeos son extranjeros, y que casi dos tercios carecen de permiso de residencia.
El estudio, basado en más de 1.000 encuestas a repartidores, evidencia hasta qué punto el sistema económico francés se sostiene sobre una mano de obra vulnerable, barata y fácilmente explotable. Lejos de la narrativa oficial de integración, el modelo funciona gracias a una bolsa de trabajadores sin derechos plenos y, en muchos casos, fuera de la legalidad.
El perfil es claro: inmigrantes recientes, mayoritariamente africanos, que han llegado en la última década. El 77% de los repartidores procede del continente africano, con un peso especialmente alto de África Occidental. Apenas un 2% son franceses.
Además, la precariedad es estructural. El 64,4% de estos trabajadores no tiene ningún tipo de permiso de residencia, mientras que muchos de los restantes cuentan con autorizaciones temporales o inestables. Para poder trabajar, numerosos riders recurren al alquiler de cuentas a terceros, un mecanismo que evidencia la economía sumergida que sostiene el sistema.
Las condiciones laborales reflejan esta realidad: jornadas de hasta 63 horas semanales, seis o siete días a la semana, por ingresos medios que apenas alcanzan los 1.480 euros brutos mensuales. En términos reales, el salario por hora ronda los 5,83 euros antes de gastos.
