El Banco de Inglaterra ha decidido enterrar las normas de «diversidad» que tenía previsto imponer a miles de empresas británicas. En el contexto actual de creciente rechazo a la agenda woke, los reguladores han optado por archivar las propuestas que obligaban a 42.000 compañías del Reino Unido a recopilar y reportar datos sobre diversidad e inclusión en sus plantillas.
La decisión llega tras el malestar mostrado por el sector empresarial y por varios líderes políticos, que denunciaban que estas medidas sólo añadían más trabas burocráticas en un momento en el que Reino Unido necesita estimular su crecimiento económico. Además, se enmarca en una resistencia cada vez mayor contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que muchos consideran un lastre para la competitividad y un ataque a la meritocracia.
El Reino Unido sigue el camino de Trump
Esta decisión del Banco de Inglaterra se produce en un momento clave, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, liderando una ofensiva global contra la agenda woke. Trump ya ha prometido revertir numerosas iniciativas de «diversidad» en Estados Unidos y ha firmado nuevas leyes que obligan a las empresas a eliminar sus cuotas ideológicas.
Mientras tanto, en el Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer sigue plegándose a estas políticas. Aunque muchas empresas han asegurado que mantendrán sus estrategias de «diversidad», los reguladores británicos están ahora bajo una fuerte presión para reducir los requisitos de divulgación de información.
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha instado a los reguladores a «dejar de estrangular a las empresas con regulaciones inútiles» y a centrarse en medidas que realmente impulsen el crecimiento. En la misma línea, el Comité del Tesoro, dirigido por Dame Meg Hillier, ha expresado su preocupación por el impacto de estos requisitos en el sector empresarial.
El director ejecutivo de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) del Banco de Inglaterra, Sam Woods, ha reconocido que estas propuestas eran una imposición injustificada.
Los planes descartados habrían obligado a las empresas a establecer objetivos de «diversidad» cada año y a vincularlos a los salarios de los altos directivos. Para cumplir con ello, los departamentos de recursos humanos habrían tenido que recopilar una ingente cantidad de datos sobre diversidad, lo que aumentaba aún más la burocracia empresarial.
La retirada de estas normas es una victoria para quienes defienden la libertad empresarial y la meritocracia. Durante años, la imposición de las políticas DEI ha obligado a las compañías a anteponer la ideología a la eficiencia y el talento, generando estructuras ineficaces y aumentando la burocracia.
