El campo español vuelve a señalar a Bruselas y al Ministerio de Agricultura por la entrada de alimentos de terceros países en condiciones que los productores nacionales consideran de competencia desleal. La polémica se concentra ahora en el aceite de oliva procedente de Túnez, un producto que llega al mercado comunitario con costes y reglas distintas a las que soportan las explotaciones españolas y que, según las organizaciones agrarias, presiona los precios en origen.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que el 81% del aceite de oliva tunecino importado por España en 2025 no se incluyó en el contingente preferencial fijado por la Unión Europea. La organización reclama al Ministerio de Agricultura que active las cláusulas de salvaguardia previstas en el Acuerdo Euromediterráneo UE-Túnez y en la normativa europea de mercados agrarios para frenar la entrada de ese aceite al margen de la cuota.
El conflicto golpea a uno de los sectores estratégicos del campo español. España es la primera potencia mundial del aceite de oliva, pero los productores sostienen que las reglas comunitarias les obligan a asumir exigencias laborales, ambientales y fitosanitarias que no soportan en la misma medida los competidores extracomunitarios. Esa diferencia, denuncian, permite a la industria comprar aceite más barato fuera de la UE y utilizarlo como palanca para tensar los precios pagados al agricultor.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha rebajado la denuncia. El titular del departamento sostiene que «hay que situar las cosas en su lugar» y defiende que la normativa comunitaria obliga a reflejar el origen del aceite en el etiquetado. «No se puede engañar al consumidor y si se comete una infracción, evidentemente tiene que corregirse», afirmó.
La respuesta de Planas, sin embargo, evita el fondo de la queja agraria: la propia legislación aduanera europea abre una vía para que el origen real de un producto quede diluido después de una transformación en otro Estado miembro. El artículo 60 del Código Aduanero de la Unión establece que las mercancías en cuya producción intervenga más de un país adquieren el origen de aquel en el que se haya realizado su última transformación o elaboración sustancial.
Esa regla permite operaciones como la denunciada por los agricultores: si una industria portuguesa compra aceite de Túnez, lo mezcla con aceite luso y lo reexporta después a España, el producto puede llegar identificado como europeo. El origen tunecino desaparece de la operación comercial y el aceite deja de computar como una entrada directa desde un tercer país en los mismos términos que denuncian las organizaciones del sector.
El Ministerio sostiene que «no hay nada que entre en la UE sin ningún control». Planas admitió, no obstante, que existen cantidades procedentes de fuera destinadas a la reexportación mediante el denominado tráfico de perfeccionamiento activo, aunque defendió que ese régimen debe ser «neutro».
La auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo ha debilitado ese argumento. El organismo advirtió de que, aunque la UE dispone de normas exhaustivas para los controles de conformidad, los Estados miembros no las aplican por completo. En el caso español, el informe señala que las importaciones de aceite de oliva no se analizaron de forma sistemática para detectar contaminantes y que, entre 2018 y 2023, sólo se examinaron tres muestras para residuos de plaguicidas y 50 para otros contaminantes.
El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha cargado contra la posición del Gobierno. A su juicio, los controles al aceite de oliva importado de terceros países son «inexistentes o muy limitados», en línea con lo señalado por la auditoría europea. «Y, sin embargo, nos encontramos con declaraciones del ministro del Gobierno de España que dice que esto está todo perfecto, que está perfectamente controlado en frontera», reprochó.
Los datos de comercio exterior agravan la preocupación del sector. Según DataComex, España importó desde 2018 hasta octubre de 2025 un total de 458.216,67 toneladas de aceite de oliva procedente de Túnez. También llegaron 59.933,11 toneladas de Turquía, 40.873,95 toneladas de Argentina, 35.649,06 toneladas de Siria y 35.439,83 toneladas de Marruecos.
Túnez fue, dentro del periodo en el que la auditoría europea detecta falta de vigilancia sistemática sobre residuos y contaminantes, el principal proveedor extracomunitario de aceite de oliva para España. Sólo en 2020, año en el que la UE sostiene que España no aplicó medidas de control sobre contaminantes en el aceite importado de terceros países, las compras españolas a Túnez alcanzaron 128.048,38 toneladas.
El choque entre el campo y el Gobierno vuelve a dejar al descubierto una brecha de fondo: Bruselas impone al productor europeo un marco cada vez más exigente, pero mantiene abiertas vías comerciales que permiten la entrada de productos sometidos a costes y controles distintos. Para los agricultores españoles, esa contradicción no sólo reduce sus márgenes, sino que altera la formación de precios y traslada al consumidor una trazabilidad que, según la propia auditoría europea, no siempre queda garantizada.
