En un pleno semivacío se ha debatido en el Parlamento Europeo el informe COVID presentado por la eurodiputada popular Dolors Montserrat, que aborda cómo la UE y los Estados miembros afrontaron la crisis provocada por la pandemia.
Montserrat afirmó en un discurso que el certificado COVID para la libertad de movimiento por el territorio europeo sigue siendo necesario y que el informe debería ser apoyado ya que «la salud es un pilar fundamental». Pese a admitir que se cometieron errores en las primeras fases, ha alardeado de la «brillante estrategia de vacunación que realizó la UE».
Así, subrayó que la estrategia de vacunación de la UE fue un éxito, al igual que la creación de vacunas para países terceros. «Actualmente hay más de 30 millones de personas que todavía padecen COVID persistente y vivimos la pandemia de las enfermedades mentales», afirmó, al tiempo que solicitó que en una posible futura pandemia «las escuelas no se cierren» porque «el aislamiento afectó a la salud mental».
Mientras, el grupo socialista abogó por una red pública de vacunas «para que todo ciudadano tenga acceso a ellas« y José Ramón Bauzá, del grupo Renew, afirmó que «no estamos exentos de amenazas futuras» y pidió la creación de la Unión Europea de la salud. El Grupo de los Verdes, por su parte, mencionó la escasez del personal sanitario.
La falta de transparencia en el proceso de compra de vacunas y el rechazo de la presidenta de la Comisión y el CEO de Pfizer a comparecer ante la comisión COVID no apareció en el debate hasta que llegó el turno de palabra de Cristian Terheș, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Rompiendo la «sumisión» del pleno afirmó que este informe es «un blanqueo por parte de la mayoría del Parlamento Europeo a Ursula von der Leyen». «La presidenta negoció contratos con Pfizer vía SMS, firmó contratos por más de 71.000 millones de euros y nuestra solicitud para ver estos contratos ha sido negada en varias ocasiones». En este sentido, agregó que «el certificado COVID fue usado para privar de los derechos fundamentales»
Robert Roos también del grupo ECR añadió: «La pandemia ha provocado la mayor restricción de derechos en los últimos 70 años, parece que esto se ha olvidado». Y acusó a la UE de «sabotear las formas más básicas de transparencia» a la hora de adquirir las vacunas.
Asimismo, la eurodiputada Margarita de la Pisa (VOX) afirmó que el informe «sólo pretende lavar las manos a la Comisión. «No quieren pedir responsabilidades». Y mencionó la gestión de la pandemia con el Gobierno de Pedro Sánchez: «Pidió censura en redes sociales, no se reportaron los primeros casos, ha permitido que la OMS ataque a la soberanía y ha empujado la agenda globalista. Esto nos ha debilitado”.
Cabe señalar que Identidad y Democracia criticó también el informe presentado por Montserrat, aludiendo a «la extraña petición de la UE para adquirir vacunas anuales para los próximos ocho años», y censuró las reuniones a puerta cerrada: «Esto sólo alimenta a los lobbys».
El debate finalizó con alardeos sobre «la importancia de la investigación y la ciencia», sin hacer mención a las decenas de biólogos que se vieron censurados desde el inicio de la pandemia». Se prevé que este miércoles en la votación del pleno de Estrasburgo este informe salga adelante con amplia mayoría.
