Las audiencias judiciales del escándalo Qatargate comenzarán el viernes 12 de diciembre en Bruselas, donde los tribunales belgas examinarán cómo se desarrolló la investigación por presunta corrupción que estalló hace tres años, cuando los fiscales realizaron las primeras redadas. El arranque del proceso vuelve a poner sobre la mesa cuánto puede alargarse una causa de fraude en el corazón institucional de la Unión Europea.
El Qatargate alude a una investigación criminal que culminó con redadas a finales de 2022 en Bruselas y la detención de media docena de políticos señalados por aceptar sobornos cataríes destinados a influir en votaciones del Parlamento Europeo a favor del régimen del Golfo. Entre los principales investigados destacan la exdiputada Eva Kaili —que la semana pasada calificó Bélgica como un país «poco seguro» para quienes ocupan cargos políticos— y el diputado Antonio Panzeri, ambos del grupo S&D y procedentes de Grecia e Italia.
El Tribunal de Acusación de Bruselas analizará ahora si la instrucción del caso por presunto soborno se desarrolló de forma correcta. Más de 20 partes implicadas presentarán sus alegaciones durante la semana, mientras las instituciones comunitarias intentan contener el daño reputacional.
En los pasillos del establishment comunitario algunos funcionarios han opinado que la fiscalía belga no conduce sus investigaciones con la solvencia necesaria. Un eurodiputado del PPE citado por Politico llegó a describirlas como «un poco exageradas». La crítica cobró fuerza después de que la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo votase la semana pasada en contra de retirar la inmunidad a un diputado socialista italiano también vinculado al caso, alegando que los fiscales no habían aportado pruebas suficientes.
Para muchos observadores externos, esto refleja un patrón. David Lee, cofundador de la Asociación Empresarial Europea en Georgia, consideró esta decisión como un ejemplo más de la élite corrupta de Bruselas, blindada frente a cualquier rendición de cuentas.
El escritor noruego Erik Dale, exasesor de la Comisión, añadió antes del inicio de las audiencias que «las revelaciones sobre la corrupción en el seno del Parlamento Europeo son abrumadoras y ponen de relieve la necesidad de una reforma profunda para restablecer la confianza y la soberanía». Aunque también advirtió que «el sistema está diseñado para impedir» cualquier modificación real. Una constatación que, en su opinión, deja al votante europeo atrapado en un escenario casi irresoluble y alimenta el creciente cuestionamiento sobre la estructura actual de la Unión Europea.
