Más de 70.000 inmigrantes que estaban legalmente obligadas a abandonar Alemania continuaban percibiendo ayudas públicas a finales de 2024, según datos oficiales que reflejan el alcance de un sistema de prestaciones que sigue cubriendo a personas pendientes de expulsión.
Las cifras, difundidas a partir de consultas a las autoridades federales, indican que 12.005 beneficiarios de ayudas vinculadas a solicitantes de asilo tenían una orden de salida ejecutable. A ellos se sumaban otros 58.705 con estatus de «tolerancia», una figura que suspende temporalmente la deportación pese a que, en términos legales, deben abandonar el país.
Este escenario se enmarca en un volumen aún mayor: a finales de febrero de 2026, el Registro Central de Extranjeros contabilizaba 235.485 personas obligadas a marcharse. De ellas, 194.131 contaban con esa protección temporal, mientras que más de 41.000 no disponían de ninguna cobertura que frenara su expulsión. Las causas para conceder la «tolerancia» incluyen conflictos armados en el país de origen, riesgos de persecución, problemas de salud o arraigo familiar en territorio alemán.
Entre las nacionalidades más numerosas en esta situación destacan ciudadanos procedentes de Turquía, Irak, Afganistán, Rusia y Siria. La legislación vigente permite que muchos de ellos sigan recibiendo prestaciones básicas —inferiores a la renta general— destinadas a cubrir necesidades esenciales como vivienda, alimentación o atención médica.
El debate político ha ido en aumento. Desde el grupo parlamentario CDU/CSU, su secretario parlamentario, Steffen Bilger, advirtió de que el uso indebido de estas ayudas erosiona la confianza en el sistema de bienestar y reclamó medidas más contundentes. El Gobierno, por su parte, sostiene que la normativa ya contempla reducciones significativas e incluso la devolución de las cantidades cobradas de forma irregular, aunque no está claro con qué frecuencia se aplican estas sanciones.
En paralelo, Alemania prepara un cambio en su modelo asistencial: a partir de julio de 2026, la actual prestación ciudadana será sustituida por un nuevo sistema de renta básica que endurecerá las condiciones. Entre otras medidas, se prevén recortes más rápidos para quienes rechacen ofertas de empleo o no colaboren en la verificación de su identidad.
